Tensión política en el Senado por el caso Teuchitlán

El caso de Teuchitlán ha desatado una ola de críticas en el ámbito político nacional, con señalamientos directos al gobierno federal y la administración estatal de Jalisco. Francisco Ramírez Acuña, exgobernador de Jalisco y actual senador del PAN, acusó a la Fiscalía General de la República (FGR) de deslindarse de responsabilidades y cargar toda la culpa sobre el gobierno de Jalisco.

“No es válido que la Fiscalía le aviente la bolita solo al gobierno de Jalisco, cuando el gobierno federal también es responsable”, declaró Ramírez Acuña, al referirse a las investigaciones sobre el caso. En este sentido, afirmó que la situación en Jalisco es un reflejo de la crisis de seguridad que atraviesa el país, lo que debería ser motivo de preocupación para todos los mexicanos.

El senador panista aseguró que la política de seguridad implementada por Morena ha fracasado y que los hechos de Teuchitlán lo evidencian. “Hoy están haciendo crisis los abrazos y no balazos. Esto demuestra siete años de incapacidad del gobierno federal para perseguir a los delincuentes”, aseveró.

Además, señaló que Enrique Alfaro, exgobernador de Jalisco, también debe rendir cuentas. “Tenemos datos de cómo el gobernador Alfaro negaba que hubiera desapariciones a pesar de que había muchas pruebas”, subrayó.

Por su parte, la senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, dejó en claro que su partido no encubrirá a ningún funcionario. “Nuestra definición es la verdad, que se sepa toda la verdad y que se finquen responsabilidades donde se tenga que hacer. Es un tema que evidencia la omisión y la inacción de los gobiernos en los tres niveles”, sostuvo.

En el pleno del Senado, la bancada del PRI mostró su postura con cartelones en sus escaños, con mensajes como: “Teuchitlán herida abierta” y “125 mil desaparecidos en la 4T”, resaltando la magnitud del problema de desapariciones en el país.

El debate sobre el caso Teuchitlán refleja las tensiones políticas en torno a la estrategia de seguridad del gobierno federal y la coordinación con los gobiernos estatales. Mientras los señalamientos continúan, las familias de las víctimas siguen esperando respuestas y justicia.