Washington, 20 mar (Prensa Latina) En medio de fuertes cuestionamientos y dudas, el Gobierno de Donald Trump sigue hoy sin aportar información sobre identidades o evidencias en contra de cientos de migrantes deportados de Estados Unidos.
El caso de mayor atención mediática en este momento es el envío en dos vuelos a El Salvador de 261 inmigrantes -de acuerdo con cifras ya confirmadas-, la mayoría de ellos venezolanos acusados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua, pero sin aportar evidencias que lo prueben.
La expulsión del grupo se realizó bajo La Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 invocada tras una proclama presidencial de Trump y que es una medida solo aplicable a tiempos de guerra.
Trump justificó el uso de la vetusta ley porque dice que Estados Unidos fue invadido por criminales, pandilleros y todo lo peor a través de la frontera sur.
El juez James Boasberg bloqueó esa orden, pero el gobierno federal la desafió y desató la ira de Trump. Ayer ante la imposibilidad de obtener las respuestas que exigía a la administración sobre estos vuelos, dio un nuevo plazo hasta este jueves.
Mientras comienzan a emerger denuncias y críticas de familiares y defensores de los derechos humanos.
Hay madres y esposas que dicen haber reconocido a sus seres queridos entre los deportados a una mega cárcel de máxima seguridad contra el terrorismo en El Salvador y afirman que sus familiares no tienen récord delictivo ni vínculos con el crimen organizado.
Pero las autoridades estadounidenses siguen sin proporcionar información sobre esas personas. La víspera la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que el Gobierno no revelaría «detalles operativos sobre una operación contra el terrorismo».
Las deportaciones del fin de semana fueron muy criticadas también por legisladores demócratas y grupos de derechos civiles que insisten en que la administración Trump está actuando fuera de su autoridad.
El senador demócrata Richard Durbin (Illinois) alertó que estaban «deportando inmigrantes sin debido proceso, basándose únicamente en su nacionalidad».
Gobierno de Trump sin aportar datos sobre deportados de EEUU
