El senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Alejandro Moreno Cárdenas, propuso la creación de una Comisión Especial para investigar a fondo el desvío de recursos públicos en Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX) y en el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), dos de los casos más graves de corrupción ocurridos durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En el punto de acuerdo del líder nacional del PRI, se explica la urgente necesidad de frenar la impunidad, esclarecer responsabilidades políticas y administrativas, y garantizar que el Senado ejerza su función constitucional de control sobre el poder ejecutivo. “Lo que se plantea no es un acto simbólico ni un posicionamiento político: es una acción institucional para evitar que miles de millones de pesos, destinados a combatir la pobreza y a mejorar el sistema de salud, sigan desapareciendo sin consecuencias”.
La Comisión Especial que propone el legislador del estado de Campeche, deberá estar integrada por un legislador de cada grupo parlamentario y presidida de forma rotativa entre las tres fuerzas con mayor representación. Esta comisión tendría la facultad de reunirse con funcionarios de todos los niveles de gobierno, recabar información, realizar investigaciones puntuales y presentar un informe con hallazgos, responsables y recomendaciones legislativas para evitar que estos actos de corrupción se repitan.
La exigencia de Moreno Cárdenas de investigar los desvíos en SEGALMEX e INSABI no es una bandera partidista: es una obligación moral y constitucional frente a la ciudadanía. Si el Senado se niega a actuar, no solo se convierte en cómplice de la corrupción, sino que traiciona el mandato que la Constitución le otorga como contrapeso del poder. No se puede permitir que los escándalos de este gobierno se diluyan en la impunidad mientras millones de mexicanos siguen sin alimentos ni atención médica digna.
Durante el sexenio de AMLO, los casos de SEGALMEX e INSABI exhibieron con crudeza el desmantelamiento institucional y el uso discrecional del poder.
En el primero, se comprobó el otorgamiento de contratos sin licitación, el uso de empresas fantasma y la simulación de compras, generando un desfalco que supera los quince mil millones de pesos, sin que existan responsables procesados.
En el segundo, se documentó el ejercicio opaco de más de 234 mil millones de pesos, el abandono de millones de personas sin servicios médicos y la desaparición del propio instituto sin rendición de cuentas ni revisión pública.
Ambos casos confirman que la corrupción no fue erradicada, sino encubierta desde el gobierno. Por ello, el Senado está llamado a actuar con firmeza, no solo para sancionar a quienes fallaron, sino para defender el interés público frente a la impunidad. La creación de una Comisión Especial es el primer paso hacia la verdad y la justicia, señala en su punto de acuerdo, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.