Ciudad de México, 5 abr (Prensa Latina) México rechazó hoy las declaraciones de integrantes del Comité Contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED) sobre la supuesta práctica de ese delito por parte del Estado y afirmó que no consiente hechos de ese tipo.
«El gobierno mexicano no consiente, permite u ordena la desaparición de personas como parte de una política de Estado», enfatizaron las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación a través de una tarjeta informativa.
Ambas carteras reafirmaron el compromiso de la nación «con el respeto irrestricto de los derechos humanos y con la atención de las causas de la violencia», así como el combate a este flagelo, para lo cual se han anunciado acciones contundentes.
Señalaron que el país mantiene una cooperación sostenida con el Comité Contra la Desaparición Forzada en su calidad de Estado parte de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas.
De acuerdo con la nota, al concluir el 28° período de sesiones, el CED indicó que remitiría al Estado mexicano una solicitud relacionada con la situación de desapariciones en el país, con fundamento en el artículo 34 de la Convención en la materia.
El Comité enmarca este procedimiento dentro de un proceso de intercambio que mantiene con México desde 2014, por lo que el Estado analizará dicha solicitud una vez sea recibida, para compartir las acciones y programas que se implementan a nivel nacional para combatir el fenómeno, refirió el texto.
Según agregó, México seguirá atendiendo las solicitudes de información que remita el Comité, a través de acciones urgentes, comunicaciones individuales e informes periódicos, a fin de que este cuente con información fidedigna sobre el contexto actual.
«Lo anterior se hizo del conocimiento de la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos a través de una nota diplomática y al Comité para la Desaparición Forzada de Naciones Unidas», apuntó.
El mes pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la puesta en marcha de acciones y el envío de iniciativas de reformas al Congreso para fortalecer la capacidad de respuesta frente al problema de las personas desaparecidas y no localizadas.
«Es un delito grave que debe prevenirse, atenderse y sancionarse y por ello actuaremos en el marco de la ley y con toda la fuerza del Estado», aseveró la dignataria, al señalar que cada autoridad (estatal, municipal, federal, fiscalías, poder judicial), debe asumir su responsabilidad.
México rechaza declaraciones sobre delito de desaparición
