Ante la polémica generada por el artículo 109 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el gobierno federal aseguró que éste eliminará de la iniciativa de reforma; sin embargo, se mantendrá la prohibición para que cualquier gobierno extranjero pueda comprar tiempo para transmitir propaganda política o ideológica.
“Ese artículo que generó confusión se elimina por completo, pero se pone que ningún gobierno extranjero puede hacer propaganda política o ideológica en México, pagada”, enfatizó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la mañanera de este miércoles.
Puntualizó que esto deriva de lo que recientemente ocurrió, cuando Washington pagó para que televisoras de cadena nacional transmitieran un mensaje —como comercial en horarios de altas audiencias— de la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, en el que se criminaliza a los migrantes.
Remarcó que cualquier gobierno del mundo, como el de Estados Unidos, pueden difundir en sus plataformas oficiales cualquier tipo de comunicación o boletín, los cuales se verían en México.
Sin embargo, aclaró, “el tema es que no se puede pagar un comercial de propaganda ideológica y política de un gobierno extranjero, si van a promover un lugar turístico, una actividad cultural o deportiva, no hay problema. Y eso se deriva, sabemos, de lo que ocurrió de este anuncio que indignó al pueblo de México”.
La ley en la materia, agregó la mandataria, también resolverá la creación de un organismo antimonopolio y dictará cómo se redefinirán las labores del Instituto Federal de Telecomunicaciones —que se eliminó.
Lo segundo, por primera vez se está dando oportunidad de sobreviviencia de las radios comunitarias, particularmente porque existen en las comunidades indígenas. Pero se les está dando todo lo que no se les había dado.
También, señaló, se recuperan derechos que en la reforma de 2014 fueron eliminados, como el derecho de las audiencias a fin de que exista un defensor de estas en donde los consumidores puedan quejarse de contenidos o excesos.
Se otorgan facilidades, dijo, para que permanezcan y sobrevivan las radios comunitarias.
En el caso de Internet, radio y televisión, indicó, los actuales concesionarios mantienen sus permisos, y se creará un organismo que dependerá de la Agencia de Transformación Digital para validarlas.
“Ahora, ¿en el caso del internet cuál es la novedad? Antes no se permitía que CFE internet pudiera dar servicio más que en las zonas de no cobertura, ahora sí, ahora se le va a permitir. ¿Cómo? En igualdad de circunstancias en el caso comercial que los privados, para que no digan que hay un favoritismo. Queremos que se genere más competencia y bajen los precios. Hay muchos lugares que no tienen cobertura, pues queremos que en esos lugares la haya.
“No hay censura”, explica la Agencia de Transformación Digital
El titular de la Agencia de Transformación Digital, José Antonio Peña Merino, detalló los alcances de la iniciativa de Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la cual busca establecer un marco integral para regular el acceso, uso y explotación de las distintas formas de transmisión de información en México.
De acuerdo con el funcionario, la propuesta legislativa abarca de manera amplia todos los elementos que componen el ecosistema de telecomunicaciones en el país, desde la infraestructura física hasta los servicios que permiten la conectividad.
“La nueva ley regula básicamente todo el ecosistema de telecomunicaciones, el cómo distintas cosas se conectan entre sí para transferir información: internet, telefonía móvil, TV abierta y por cable, telefonía fija, radio, etcétera”, explicó este miércoles desde ‘La Mañanera’.
Peña Merino precisó que la iniciativa no sólo contempla la regulación de los servicios tradicionales, sino también de los medios e infraestructuras que permiten su operación. “Otra forma de decirlo es que se regula el acceso y el uso de señales de comunicación, es decir, quién accede a las formas de transmisión de información sea por el aire, cable, torres, etcétera, y qué uso se hace de esta infraestructura”, añadió.
Entre los aspectos clave de la propuesta se encuentran las concesiones de espectro —que determinan quién puede brindar servicios de telefonía celular—, así como la gestión y explotación de infraestructura como torres, antenas y satélites.
Peña Merino subrayó que el uso de estas redes podrá ser de carácter comercial, social o público, lo que abre la puerta a esquemas más incluyentes y diversos en la prestación de servicios. Asimismo, destacó temas como la interconexión, la compartición de infraestructura, la calidad de los servicios, la gestión de posiciones orbitales y la protección de derechos de audiencias y usuarios como componentes esenciales de la ley.
Sin acceso a internet
El funcionario compartió datos sobre el acceso a internet en México y subrayó que 10.2 millones de personas viven en zonas sin cobertura móvil 4G. Destacó que esta situación tiene profundas implicaciones, ya que el internet no sólo es un derecho en sí mismo, sino también una herramienta que permite ejercer otros derechos. Explicó que contar con acceso a la red brinda la posibilidad de expresarse, acceder a la educación y manifestar libremente las ideas, por lo que quienes carecen de conectividad enfrentan limitaciones para ejercer esos derechos de manera oportuna y en igualdad de condiciones.
Además, señaló que 4.4 millones de personas habitan en zonas donde sí existe cobertura móvil, pero no cuentan con los recursos económicos para contratar el servicio. Aclaró que, en la práctica, estas personas también se encuentran desconectadas, pues la disponibilidad de señal no se traduce en acceso real si no pueden costearlo. En total, advirtió, esta situación afecta al menos a 15 millones de mexicanos.
La reforma, para ‘conectar a todos los mexicanos’
El funcionario remarcó queesta iniciativa tiene como objetivo conectar a todos los mexicanos. Entre los aspectos centrales, destacó la asignación de espectro para uso público, lo que permitirá ofrecer internet gratuito en oficinas gubernamentales y espacios públicos. Asimismo, se abre la posibilidad de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) brinde servicios comerciales en igualdad de condiciones que operadores privados, promoviendo mayor competencia y cobertura social.
Otro elemento clave es la obligación para las grandes empresas de telecomunicaciones de ampliar su cobertura social y carretera, a cambio de incentivos en el pago de espectro. También se facilita la interconexión de operadores comunitarios, sociales y públicos a las redes de los grandes concesionarios, con tarifas accesibles y no discriminatorias.
Derechos de los usuarios
En cuanto a los derechos de los usuarios, la ley garantiza el acceso a equipos desbloqueados, la posibilidad de recargar saldo en cualquier establecimiento y establece medidas para proteger las posiciones orbitales de México. También obliga a las empresas a implementar planes de contingencia y retiro ordenado de cableado, así como el bloqueo de señales en centros penitenciarios.
Peña Merino subrayó que se restituyen los derechos de audiencias ganados en 2014, como la creación de códigos de ética y defensorías de audiencias, fortaleciendo la protección a los consumidores.