ONU señala patrón preocupante de criminalización en Guatemala

Ciudad de Guatemala, 23 may (Prensa Latina) La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, señaló hoy el surgimiento de un patrón preocupante y continuo de criminalización en Guatemala.
En conferencia de prensa tras una visita de 12 días a este país para evaluar la situación del sistema de justicia, la alta representante subrayó que se está utilizando el derecho penal para intimidar a quienes combaten la corrupción.
Por otra parte, describió que menos del nueve por ciento de los casos que llegan al Ministerio Público terminan en acusación, resolución o condena, ya que la mayoría son desestimados antes de llegar a los tribunales.
La diplomática criticó el uso indebido del mecanismo del querellante adhesivo y de la prisión preventiva e instó a atender ciertos elementos que podrían poner en riesgo la autonomía de las instituciones.
Advirtió sobre despidos arbitrarios y traslados injustificados en el ente investigativo de la nación.
Refirió carencias observadas en entidades del sistema de justicia, mientras comentó que le llegaron ecos de inquietudes porque no se incluye, como es debido, la competencia cultural, el pluralismo o los derechos de los pueblos indígenas en la formación de los futuros jueces y abogados.
«Estas lagunas contribuyen a unas prácticas que no llegan a cumplir las normas de derechos humanos internacionales, sobre todo en lo que respecta a tierras ancestrales y recursos», amplió.
Ello, añadió, menoscaba la justicia en la sociedad guatemalteca que es muy diversa, por lo cual calificó de fundamental reforzar la formación.
Las autoridades deberían introducir mecanismos de evaluación y acreditación independientes y sólidos para las facultades sobre la base de normas adecuadas y objetivas, consideró Satterthwaite.
Estimó que el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala tiene también una función fundamental para mantener la deontología en la práctica jurídica.
No obstante, mencionó que recibió información de elecciones impugnadas, presión política y medidas disciplinarias insuficientes.
La relatora llegó a la tierra del quetzal el pasado 12 a solicitud del Gobierno del presidente Bernardo Arévalo por la criminalización de periodistas, jueces y abogados.