Critican a justicia mexicana por tendencia a criminalizar

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México, 8 nov (PL) La política de seguridad aplicada hoy en México está orientada a criminalizar a las personas en lugar de protegerlas, y por ello se vulneran procesos y se crean más víctimas, consideró una organización defensora de los derechos humanos.

Un ejemplo es el caso de Israel Arzate, acusado por el asesinato de 15 jóvenes en la norteña Ciudad Juárez en 2010, y quien fue liberado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), expresó José Rosario Marroquín, director del Centro de Defensa de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

Este miércoles la SCJN determinó la excarcelación de Arzate, después de más de tres años de prisión, por estimar que hubo graves violaciones al proceso en su contra, como el hecho de que la confesión se obtuvo bajo amenaza.

Ademas, que fue mantenido bajo custodia de militares y no de la autoridad investigadora civil que correspondía.

Me amenazaron con violar a mi esposa e hijo y matarlos, ahí ya dije que aceptaba todo lo que decían, expresó el joven de 28 años sobre la confesión realizada bajo tortura en febrero de 2010 con respecto a su participación en la masacre de la fronteriza Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua.

Al decir de Marroquín, mientras la reforma penal está dirigida a garantizar los derechos de las personas, la política de seguridad sigue orientada en sentido contrario, pues tiende a criminalizar a la gente.

De acuerdo con Simón Hernández, representante legal de Arzate, cuando se vulnera el proceso no solo se afecta a la persona acusada, sino también las víctimas, porque eventualmente no pueden saber si los inculpados son verdaderamente responsables.

En una conferencia de prensa realizada en el Centro Prodh, el legista señaló que el Estado debe revisar la manera en que se imparte la justicia en el país, pues no pueden continuar realizando procesos de investigación enlodados, sin una investigación seria.

La semana pasada el presidente de la nación, Enrique Peña Nieto, concedió un indulto al profesor indígena Alberto Patishtán, quien había sido condenado a 60 años de cárcel por el supuesto asesinato de siete policías durante una emboscada, aun cuando fueron presentadas numerosas pruebas de su inocencia.

Después de su excarcelación, el maestro tzotzil, expresó que según sus cálculos, la mitad de los reos de los centros penitenciarios de México están acusados sin pruebas, y pagan los delitos de otros debido a la ceguera de las autoridades.

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