La desconfianza de la clase política aumenta el gusto por consumir videograbaciones ilegales

+La grabación y difusión de llamadas privadas, ilegales +El mercado informativo factor determinante + Sin sanción jurídica ni social

Por Aída Espinosa
La costumbre de espiar, desde Mata Hari hasta Eduard Snowden ha sido un método muy socorrido para obtener información del enemigo, en diferentes épocas de la historia, convirtiéndose en arma y en indiscutible deleite público, aún cuando, al difundirlas públicamente, se vulnere la seguridad nacional y se incurra en un delito, dirían los amantes del derecho, pero también se ejerza el derecho de informar, dirían los amantes de la información y de cómo venderla.
A propósito de este tema integrantes del Instituto de Investigadores Jurídicas de la UNAM y del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), junto con diversos periodistas, se dieron cita en Casa Lamm, para conversar sobre un tema que se ha vuelto tendencia tanto en medios de comunicación como en redes sociales: la filtración de la llamadas telefónicas en tiempos electorales, a propósito de la tan ventilada llamada de Lorenzo Córdova, presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), quien alude socarronamente al habla de los indígenas en una reunión previa con dirigentes chichimecas.
A pesar de que intervenir conversaciones privadas y difundirlas es un delito grave (excluyendo de ciertos casos) que de acuerdo al Código Penal (Art. 177) puede ser sancionado con 6 a 12 años de prisión o con multa de 500 a 1000 días, “el filtrar información es cosa de todos los días, la ley no se está cumpliendo”, aseguró la periodista Katia D’artigues, debido principalmente a la presión que se vive en el medio periodístico de sacar la nota primero que el otro, no sólo se existe un dilema ético sino un dilema de mercado.
Existe muchas personas que lo hacen, no se puede y no se quiere investigar, yo creo que es una cuestión de voluntad política porque, todos los partidos electoralmente enfrentados están usando el mismo método”, advirtió la periodista.
Por otro lado, estas llamadas se han vuelto tan populares ”por una falta grave de confianza en la clase política en que no creemos que sus discursos públicos sean realmente los que determinan sus acciones en privado”
A decir del analista y coordinador de la maestría en periodismo del CIDE, Ricardo Raphael, el peligro, más allá de que efectivamente la ley no se está cumpliendo, está en que tampoco hay la capacidad ni la intención por parte del Estado de hacerla cumplir “Lo cierto es que el Estado, hoy no cuenta con un aparato de contra inteligencia, capaz de saber quien está haciendo esas grabaciones, esto nos lanza a una limitante material” para combatir los métodos de divulgación global que existen actualmente”.
Ante esta imposibilidad material tal vez la pregunta sería si estos métodos serían válidos usarlos cuando en estas llamadas se revelen actos criminales, temas que estén en el tema de lo público y afecte a la comunidad, no así cuando se trate de un asunto íntimo o privado. Se estaría entonces en un dilema ético, el divulgar o no esa información.
En su momento Gabriela Warkentin, académica y directora de W radio, expresó su preocupación de que el uso de estas grabaciones se están normalizando, de que este tipo de prácticas no se estén sancionando socialmente.
Además, de la disyuntiva de exigir la aplicación de la Ley, pero también la necesidad de atender a las necesidades informativas del mercado, la comunicadora alertó tanto a medios como a usuarios de saber que cualquier mensaje fuera de contexto es perfectamente manipulable.
Los expertos del área de comunicación y jurídica, advirtieron la importancia de que la sociedad y los medios nos preguntemos al difundir y exponernos a este tipo de informaciones ilegales, pero dentro de una realidad actual ¿Cuáles son los efectos de esta información? ¿Cuál es el interés de quien la infiltra? ¿Quiénes son los ejecutores? ¿Cuál es la importancia política y electoral? Sobre todo en estos tiempos donde a través de las redes sociales se realiza un juicio sumario de la reputación y actos de una persona pública.
Sin embargo, como bien apuntó Katia D’artigues ¿qué sería del periodismo de los últimos años, sin las grandes joyas que han hecho el retrato de la clase política como las declaraciones del gober precioso, o el “me chamaquearon” del niño verde, cuando lo videograbaron recibiendo prebendas por hacer favores en Quintana Roo, o sin los videos de la Tuta? El gozo por ver caer al otro es terrible, pero es humano.

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