En acto simbólico frente a la Procuraduría General de la República, diversas organizaciones sociales y de la sociedad civil se dieron cita para realizar un acto simbólico en contra de la impunidad que sufren activistas, defensores de derechos humanos y periodistas.
El vocero de dicho foro, Alfredo Rojas Díaz Durán, explicó que en nuestro país el clima de violencia se ha incrementado por las políticas contradictorias del Estado mexicano y omisión grave en la impartición de justicia de parte de las instituciones responsables.
Rojas Díaz Durán señaló que existen en muchos casos un contubernio entre el crimen organizado y funcionarios públicos de diversos niveles que contaminan la vida municipal, regional o nacional, permitiendo con ello, que se desarrollen actividades ilícitas y violentas. El Estado mexicano ha permitido la introducción de toneladas de armas y no ha podido controlar actividades como venta de drogas, trata de personas, despojos de bienes a particulares, ejidatarios y comunidades indígenas. En ocasiones pareciera que es el orquestador principal del desorden social y la violencia social prevaleciente como distractor en tanto otros saquean a la nación.
Alfredo explicó que la nueva legislación a favor de actividades económicas como la minería a gran escala, hotelera, turística, siderúrgica, ganadera, entre otra, ha quedado en gran medida en manos de extranjeros, algunos empresarios sin escrúpulos y a merced del crimen organizado, dejando a la población en la indefensión jurídica de su vida y de sus bienes ante actos de grave y delicada naturaleza como la explotación en sus diversas modalidades, la persecución y hasta el desplazamiento de personas y hasta de comunidades enteras que se ven obligadas a pagar plaza por vivir o transitar sus pueblos y caminos. Personas y núcleos comunitarios viven en el peor de los casos los efectos de la confabulación y grave complicidad entre autoridades, leyes perversas y crimen organizado, con lo que se permite el despojo de bienes comunitarios y privados e incluso, arrasan con patrimonios históricos, provocando marcos de desestabilización, persecución, criminalización, asesinato, desaparición de personas y hasta el deterioro de los ecosistemas.
Durante esta V Jornada contra la Impunidad se presentaron a las autoridades diversos casos irresueltos de presos y esclarecimiento de asesinatos selectivos de activistas detenidos y perseguidos ilegalmente, algunos ya caídos en la defensa de sus comunidades, bienes y derechos. Alfredo Rojas puntualizó la existencia de una persecución selectiva en contra líderes de todo tipo y retención o detención de estos por lo que se demandó ante las autoridades el cese inmediato a la persecución de parte de caciques protegidos por el gobierno chiapaneco y poblano en este caso, quienes han colocado en grave peligro la vida de activistas y defensores de derechos humanos en estas entidades y otras partes del país por el solo hecho de levantar la voz en la defensa de las causas más nobles de la sociedad.