Ottawa, 5 jun (PL) El gobierno canadiense extendió hoy el plazo para que culmine sus trabajos la comisión que investiga el asesinato y desaparición de más de mil 220 mujeres y niñas indígenas desde 1980 hasta 2014.
Los realizadores de la pesquisa deberán entregar a las autoridades el 30 de abril de 2019 su informe final sobre el tema y culminar sus actividades el 30 de junio del mismo año.
Estaba previsto inicialmente que el reporte definitivo se presentara el 1 de noviembre y la entidad cesara en sus funciones en diciembre, pero sus integrantes pidieron la extensión del mandato y nuevos fondos ascendentes a unos 50 millones de dólares.
Las autoridades federales solicitaron inicialmente 53,8 millones de dólares para realizar la indagación, pero los funcionarios dijeron que se necesitaban discusiones adicionales para obtener más recursos financieros.
El Gobierno del primer ministro Justin Trudeau también respondió a varias recomendaciones provisionales hechas por el grupo en noviembre.
En tal sentido, el Ejecutivo otorgó ahora 21,3 millones de dólares para sufragar los gastos de salud de las familias de las desaparecidas y a sobrevivientes de actos violentos, apoyo que se extenderá además hasta el 20 de junio de 2020, unos 12 meses después del fin del mandato de la comisión.
La entidad encargada de esta investigación reúne testimonios de funcionarios gubernamentales, la policía y expertos de varias especialidades, y tras su fundación en agosto de 2016 ha tenido varias directoras ejecutivas que renunciaron ante la imposibilidad de seguir adelante con la indagación.
Los realizadores de la pesquisa hasta la fecha celebraron audiencias en 15 comunidades indígenas y escucharon los argumentos de más de mil 270 sobrevivientes y familiares de las víctimas.
Estadísticas de instituciones federales indican que 16 por ciento de todas las mujeres asesinadas en Canadá entre 1980 y 2012 eran de tribus originarias, aunque las integrantes de estas comunidades apenas constituyen el cuatro por ciento de la población femenina total.
Medios de prensa canadienses revelaron en los últimos meses que este proceso está plagado de contradicciones, denuncias sobre demoras innecesarias debido a trabas burocráticas y falta de presupuesto para financiar las actividades propias de la pesquisa.
En realidad, el debate sobre el tema tomó fuerza tras el triunfo de Trudeau en las elecciones de octubre de 2015, quien prometió reactivar el proceso investigativo y a pesar de las dificultades intentó llevarlo adelante tras asumir el cargo en noviembre de ese año.