Confirman que sigue en proceso una extensa investigación penal en contra del ex-gobernador Juan Sabines Guerrero y varios de sus ex-colaboradores. PGR trabaja a marchas forzadas para armar los expedientes.
Durante los primeros días de Abril del presente, el abogado y notario público 82 de Chiapas, el Licenciado Horacio Culebro Borrayas presentó una extensa querella interpuesta contra el ex-gobernador Juan Sabines Guerrero y 50 de sus ex-funcionarios. Los delitos considerados incluyen asociación delictuosa, delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito, tortura y otros 13 adicionales.
Sin embargo, la PGR había guardado silencio desde aquél momento, hasta el día de hoy. En una serie de entrevistas con agentes especializados y peritos de diversos campos se pudo constatar una coincidencia entre las versiones, la cual apunta a que es inminente la generación de una orden de aprehensión contra el otrora gobernador del estado de Chiapas y varios de sus ex-funcionarios.
Se nos informó extra oficialmente que los diferentes órganos internos de la PGR tienen la órden expresa, realizada por el mismo procurador Murillo Karam, de no revelar detalles de la investigación y de no hacer comentarios hasta que no estén armados los expedientes. Estos comentarios hacen alusión a la clara intención de Murillo de evitar los errores presentados por la dependencia en tiempos en que era comandada por Marisela Morales, quien fue responsable de fracasos como el Michoacanazo o el fallido proceso en contra de Hank.
Varios de los ex-funcionarios y colaboradores de Juan Sabines abandonaron el estado al momento en que se enteraron de la posibilidad de que se les fincaran responsabilidades penales. Investigaciones realizadas señalan que varios de los mejores bufetes legales, tanto de Chiapas como del Distrito Federal han recibido como clientes a un buen porcentaje de estos individuos, algunos de ellos ya fugados del país.
Si bien es imposible saber con certeza qué pasará con todos los implicados, los agentes entrevistados comentaron que la querella está sumamente bien preparada y fuertemente sustentada. Solamente las pruebas en formato de anexos probatorios, suman más de 900 juegos de documentos. «No es usual recibir soportes tan claros ni tan bien argumentados, realmente esto es una bola de nieve para estos gueyes involucrados» refirió uno de los peritos que han tenido la tarea de evaluar los cientos de anexos.
Es cuestión de horas o días para que se expidan las órdenes de aprehensión en contra de los involucrados. «También ya estamos en comunicación con Interpol para solicitar las fichas rojas para los que ya se pelaron, es solo cuestión de tiempo, hay que tener paciencia y prudencia con estos temas» agregó uno de los agentes. A la pregunta de si consideran realista encontrar a todos los que se han fugado, comentaron que es probable que se pueda hallar, detener y procesar penalmente a la mayoría de ellos.
La demanda del abogado no viene gratis. Sabines tomó una decisión equivocada cuando utilizó el poder judicial del estado para pegarle a Culebro Borrayas. En 2009, Culebro Borrayas recurrió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para echar abajo decretos del gobernador Juan Sabines Guerrero sobre reelección de alcaldes y diputados locales, lo que le costó pasar casi dos años en prisión con supuestos delitos prefabricados.
Días después, el 10 de abril del presente Culebro ofreció una conferencia de prensa en la que comentó: «Sabines Guerrero, ex-colaboradores y ex-diputados locales tienen que decir qué pasó, por qué no hay dinero, sí hay crisis, pobreza, miseria, marginación, que alguien diga dónde están los recursos del erario y que se devuelvan; el pueblo no debe callar, sino exigir cuentas claras»
Culebro anunció en su momento que denunció ante la PGR a quien resulte responsable relacionado a las amenazas de muerte que tanto él como su familia han recibido. En ese entonces declaró que los únicos que podrían atentar contra su vida eran Juan José Sabines Guerrero, Nemesio Ponce Sánchez, Manuel Velasco Coello, Rosario Pariente, Raciel López Salazar, y Seth Yassir Vázquez Hernández. Todos ellos, funcionarios públicos.