México, 14 jul (PL) Una declaración conjunta de los partidos opositores Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) puso hoy cinco condiciones para la permanencia de ambos en el Pacto por México, firmado con el gobierno y el Revolucionario Institucional (PRI).
Los líderes del PAN, Gustavo Madero, y del PRD, Jesús Zambrano, le reconocieron a esa alianza ser una opción privilegiada para hacer avanzar a México, pero que seguirán siendo parte de ella si se investigan todas las violaciones electorales que incumplieron con el adéndum a los acuerdos iniciales de esa.
Dicha indagación debe incluir el uso ilegal de recursos públicos para financiar campañas electorales de candidatos y derivar en castigos a quienes violaron la ley.
Exigen, además, en un periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión aprobar la reforma política-electoral para que errores como los de esta ocasión no se repitan en futuros procesos.
Son también condiciones aprobar las leyes secundarias de las reformas constitucionales, impulsar la reforma política y promover las referidas a los temas energético y fiscal.
Zambrano señaló en conferencia de prensa que no se cumplieron los acuerdos y «se dieron presencia a los peores actos acostumbrados por el antiguo régimen priísta», conducta que calificó de retrógrada y plantea un dilema al PAN y al PRD, dijo.
Si optamos por retirarnos, explicó, la actitud política de avance y diálogo que impulsamos decididamente será sustituida por el repliegue y la confrontación, lo cual «significaría un triunfo de los poderes fácticos que se opusieron al Pacto y que se oponen a las reformas que éste impulsa».
Ambos líderes de los partidos opositores coincidieron en estar a favor de los grandes cambios que México necesita, incluido el conceptual de la política, para un impulso al desarrollo democrático y progresista, pero el PRI deberá remediar los incumplimientos incurridos en las elecciones del pasado 7 de julio.
El domingo pasado hubo comicios locales en 15 estados de la nación por más de mil 300 cargos populares, entre diputados y alcaldes, además del gobernador de Baja California, de los que trascendieron las más diversas irregularidades.