La Secretaría de Gobernación, no ha girado instrucciones a Seguridad Nacional para Investigar el supuesto caso de espionaje en agravio del Presidente Enrique Peña Nieto, cuando era candidato a la Primera Magistratura del país, aseguró Eduardo Sánchez, subsecretario de Normatividad de Medios de la dependencia federal, al tiempo que dio a conocer oficialmente la captura del capo Alberto Carrillo Fuentes y de Alejandro Arenas Barrera.
En conferencia de prensa, el funcionario federal al hablar sobre el tema del supuesto espionaje, insistió en que es la Secretaria de Relaciones Exteriores, SRE, la que tiene en sus manos el caso y esta dará a conocer los resultados de la indagación en su momento.
Al referirse al consanguíneo de Amado Carrillo Fuentes y su cómplice, especificó que ambos son presuntos responsables de los delitos de delincuencia organizada, tráfico de drogas, entre otros delitos del fuero federal.
Subrayó que los dos integrantes del Cártel de Juárez, tenían como centro de operaciones municipios de Chihuahua, de donde trasladaban las drogas al vecino país de los Estados Unidos.
Eduardo Sánchez, negó que en la captura no solamente de Alberto Carrillo, sino de los demás integrantes del crimen organizado no han recibido la participación de las autoridades norteamericanas ni tampoco han arrestado a los delincuentes con información proporcionada por “testigos protegidos”.
Puntualizó que Carrillo fuentes cuenta con una “colección” de averiguaciones previas en su contra así como con una orden de aprehensión por delitos contra la salud y delincuencia organizada.
Luego, informó que tanto las autoridades locales y federales de la capital de la República como las estatales trabajan para obtener información respecto a las “cifras negras”. Es decir los delitos que no se denuncian.
Finalmente, al referirse a datos estadísticos relacionados con homicidios dolosos, dijo que el Primer Mandatario de la Nación, habló sobre un 20% en delitos diversos y un 13% en homicidios dolosos. Especificó que a la fecha en Tamaulipas se registró una disminución del 36%; en Chihuahua del 37% y en Nuevo León del 46.5%, en lo referente a homicidios dolosos.