México, 31 ene (PL) El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, promulgó hoy la reforma político-electoral validada la semana pasada por el Congreso, la cual modifica 30 artículos de la Constitución y adiciona 21 transitorios.
En el Alcázar del Castillo de Chapultepec, acompañado de diputados, senadores, gobernadores, dirigentes partidistas y secretarios de Estado, el mandatario firmó el decreto de la medida que establece la creación del Instituto Nacional Electoral en sustitución del Instituto Federal Electoral.
La nueva entidad tendrá a su cargo, entre otras funciones, la organización y vigilancia de los comicios federales y la coordinación con los órganos estatales para llevar a cabo las elecciones locales.
A través de la reforma también surgirá una Fiscalía General de la República, en reemplazo de la Procuraduría General de la República, como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonios propios, cuyo titular será nombrado por el Senado para un periodo de nueve años.
De acuerdo con Peña Nieto, la iniciativa traerá consigo reglas electorales más justas, eficientes y transparentes, y resaltó que con ella ganan los ciudadanos, pues habrá mejor rendición de cuentas, equilibrio entre poderes y más administraciones que den resultados a los mexicanos.
Calificada por el líder del gobernante Partido Revolucionario Institucional, César Camacho, como una reforma de la política, más que como una reforma política, la medida aumenta al tres por ciento el mínimo de los votos necesarios para mantener el registro como partido nacional o estatal.
Determina además la posibilidad de reelección consecutiva para senadores hasta por dos periodos y de los diputados federales hasta por cuatro, lo cual se aplicará a los legisladores electos a partir de 2018.
También faculta al Presidente de la República para que, en cualquier momento, pueda optar por un Gobierno de coalición con una o varias de las formaciones representadas en el Congreso de la Unión.
Al mismo tiempo, la legislación adelanta en dos meses la fecha de toma de posesión del mandatario, del 1 de diciembre al 1 de octubre, y obliga a los partidos políticos a garantizar la paridad de género en candidaturas a legisladores federales y locales.
Las leyes secundarias en materia político-electoral deberán discutirse y aprobarse en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso, que comenzará mañana.