Bogotá, 28 abr (PL) El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ordenó hoy reforzar las medidas de seguridad de la senadora electa por el Partido Alianza Verde, Claudia López, amenazada de muerte.
Di instrucciones a la policía de reforzar su seguridad y agilizar las investigaciones por amenazas en su contra, escribió Santos en su cuenta de Twitter.
La senadora declaró la víspera a medios locales de difusión que organismos de seguridad del Estado la alertaron sobre «el riesgo extremo de asesinato» que pesaba sobre ella y achacó esas intenciones y propósito al exgobernador del norteño departamento de La Guajira Juan Francisco Gómez.
También a los grupos paramilitares, las bandas criminales o Bacrim y, en particular, al al jefe de una de estas, Marcos Figueroa, que sigue libre e impune, denunció.
Elegida senadora en las legislativas del 9 de marzo, López ha destapado de modo sistemático los escándalos de corrupción en medios oficiales, así como los nexos estrechos entre políticos y paramilitares, que dieron origen al fenómeno conocido como parapolítica.
Al tanto del alerta de la Unidad Nacional de Protección Política, escribió en su cuenta de Twitter: aun cuando el riesgo que corro es extremo, «no me iré del país ni dejaré de hacer lo que escogí. La vida sigue», subrayó.
Estoy segura, reiteró, de que esas amenazas provienen de las mafias de La Guajira y su exgobernador Gómez, quien no cede en su empeño de asesinarme como tampoco Marcos Figueroa, alias Marquito.
La Senadora agradeció a la Unidad Nacional de Protección las medidas de seguridad adoptadas en su caso, pero afirmó que nada será suficiente sin un cambio en las políticas del gobierno, la depuración de las autoridades y la ineficiencia de la justicia.
No hay esquema de seguridad que valga mientras el gobierno siga amparando a los aliados de Gómez en La Guajira y la policía continúe cobijando a varios de ellos, insistió.
López fue rotunda al afirmar: «entre la connivencia del gobierno y la policía y la ineficacia de la Fiscalía van a terminar matándome».
El exgobernador de La Guajira fue detenido en 2013 y destituido por la Procuraduría General, que lo inhabilitó para ejercer cargos públicos durante 17 años, por su responsabilidad en las irregularidades que rodearon el «carrusel de contrataciones» en ese departamento.
La Fiscalía le sigue, asimismo, un juicio bajo la acusación de homicidio agravado, fabricación y porte ilegal de armas y fabricación y porte ilegal de armas de uso privativo de las fuerzas militares, sin que se dictara sentencia.
De acuerdo con esa instancia judicial, Gómez ordenó los asesinatos de Henry Ustariz Guerra, Yandra Brito y Wilfrido Fonseca, cometidos por miembros de la banda de Marcos Figueroa, alias Marquito.
En octubre de 2013 Claudia López se vio obligada a salir del país durante algunos meses por las amenazas de muerte de la bacrim, encabezada por Figueroa.
Presidente colombiano ordena reforzar seguridad de senadora amenazada
