Investigan en Honduras 259 concesiones mineras

Tegucigalpa, 26 may (PL) La Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (Serna) de Honduras investiga hoy 259 concesiones, informó el viceministro del sector Carlos Pineda Fasquelle.
En declaraciones al sitio digital elheraldo.hn, Pineda indicó que se sospecha que los permisos de exploración o de explotación de esas concesiones mineras pueden haber sido obtenidos irregularmente.
De ellas hay 98 que son metálicas (oro, plata) y 161 no metálicas (arena, grava, yeso, piedras), explicó el funcionario quien agregó que entre las primeras hay 22 sitios que fueron abandonados por inversionistas que supuestamente esperan venderlos a otros y sacar ganancia sin dejar nada al Estado.
También precisó que hay otras 76 concesiones mineras metálicas que se están investigando de manera minuciosa y otras 161 concesiones no metálicas pasan por el mismo esquema.
De estas irregularidades ya está informado el presidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien ordenó una exhaustiva investigación para castigar a los responsables y cancelar las concesiones viciadas de irregularidades, dijo Pineda.
Según explicó al medio, en el país ha ocurrido un verdadero festín de concesiones mineras con la confabulación de falsos inversionistas del ramo y funcionarios corruptos de la administración pública.
Señaló que el primer aspecto que se analiza es la parte jurídica, si las concesiones fueron tramitadas con base en la nueva ley, que deja dividendos al Estado y a municipalidades, o con base en leyes anteriores, que nada o poco dejaban al país.
Recordó que Honduras es un país rico en recursos naturales a pesar de haber sido saqueado durante 300 años por el dominio español y la posterior presencia de aventureros que gozaron de jugosas concesiones otorgadas por gobiernos de turno.
Cuando las autoridades de aquellos tiempos necesitaron un marco jurídico crearon un Código Minero, posteriormente una Ley General de Minas, vigente hasta abril del año pasado, y más recientemente la Ley General de Minería, dijo.
Evocó que los dos primeros cuerpos jurídicos otorgaban concesiones de exploración y explotación al mismo tiempo, pero con la nueva ley, cada una de esas actividades requiere de una correspondiente licencia ambiental.
Antes de entrar en vigencia la Ley General de Minería, las comunidades solo tenían derecho a presenciar la explotación inmisericorde de sus recursos con los consecuentes daños al ambiente y a la salud, puntualizó.
Ahora, con la nueva ley, si las comunidades no están de acuerdo no hay explotación. Incluso, ellas pueden aprobar o no una modalidad a utilizar, contrastó.
A diferencia de las otras leyes anteriores la nueva establece pagos del dos por ciento de las exportaciones a las municipalidades e igual cantidad al Estado y también el impuesto sobre la renta, dijo.
Indicó que las primeras dudas que motivaron una investigación se basan en que algunas concesiones pudieron haber sido otorgadas tomando en cuenta las antiguas regulaciones jurídicas para evadir el pago de impuestos.

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