La Habana, (PL) La ilegal cárcel de Estados Unidos en Guantánamo (este de Cuba), pensada durante el gobierno de George W. Bush, vuelve a ser noticia: sigue abierta cinco años después de la toma de posesión de Barack Obama, mientras resurge el escándalo de la alimentación forzada.
El penal, instalado en 2002 para interrogar y encarcelar a sospechosos de terrorismo, retiene en la actualidad a 154 reos a quienes se les prolonga una detención indefinida, sin cargos, ni juicio, pese a que la mitad de ellos tienen el visto bueno de las autoridades estadounidenses para ser liberados.
Una situación que al parecer se prolongará en el tiempo, pues a los ya retrasados planes de Obama de cerrar la prisión, ubicada en un pedazo de suelo ocupado a la isla caribeña hace más de un siglo, se suma un nuevo bloqueo del Congreso.
El pasado 22 de mayo la Cámara de Representantes, con mayoría republicana, asestó otro golpe a los propósitos del mandatario cuando se votó la Ley de Defensa del año fiscal 2015, que inicia el 1de octubre y prevé un total de 601 mil millones de dólares en gastos.
Los legisladores rechazaron por 247 papeletas contra 177 una enmienda demócrata a la mayor ley militar, apoyada activamente por la Casa Blanca, lo que levantaría la prohibición de la transferencia de prisioneros y permitiría cerrar la prisión en 2017.
Pero a pesar de la amenaza de veto de Obama, los republicanos reinscribieron la interdicción en la ley militar del venidero calendario.
Desde 2011 el Capitolio le prohibió al Pentágono trasladar a cualquier detenido del penal a Estados Unidos para juzgarlo, prestarle atención sanitaria o encarcelarlo.
El gobernante hizo una referencia directa a esta situación en su discurso en enero sobre el Estado de la Unión, al afirmar que el 2014 debía «ser el año en que el Congreso elimina las restricciones restantes sobre la transferencia de los detenidos y en que cerramos Guantánamo».
Desde diciembre, cuatro detenidos fueron transferidos: tres uigures hacia Eslovaquia, y un argelino que retornó a su país más de 12 años después de la llegada de los primeros detenidos a un reclusorio que albergó en un tiempo a 779 personas, en su absoluta mayoría sin acusación ni proceso.
«Cerca de mil millones de dólares al año es un precio inaceptable a pagar por un centro que malgasta nuestros recursos, genera fricciones con nuestros aliados y debilita nuestra posición a nivel mundial», argumentó el vocero presidencial, Jay Carney, poco antes de la derrota parlamentaria.
La votación en Washington ocurrió en momentos en que también Guantánamo retornaba al escrutinio público por las prácticas de alimentación forzada.
El caso actual involucra a Ahmed Jihad Mujstafa Diyab (Abu Wa el Dhiab), un ciudadano sirio de 42 años, quien está en huelga de hambre prolongada en protesta por su arresto hace más de una década.
Gladys Kessler, una jueza federal, levantó en la noche del jueves una orden de restricción de su alimentación forzada, ante el peligro inminente de muerte.
El tema cobra mayor connotación por los cerca de 136 videos de Dhiab en los que aparece cuando es forzado a salir de su celda y llevado a una habitación donde le introducen un tubo por la nariz hasta su estómago para suministrarle los alimentos.
La práctica se aplicó en 2013 durante un ayuno voluntario de 130 de los 166 confinados entonces en protesta por los abusos de los guardias estadounidenses y las violaciones de los derechos humanos.
Uno de los testimonios divulgados se refirió al de un recluso que dijo «nunca olvidaré el primer momento en que pasó el tubo de alimentación por la nariz».
Describió lo «doloroso que es ser alimentados a la fuerza de esta manera (…) sentí ganas de vomitar. Era una agonía en el pecho, la garganta y estómago (…) Te ponen en una silla, me recuerda a una silla de ejecución (…) Si el tubo entra en el manera incorrecta, el líquido puede entrar en los pulmones».
Documentos presentados a la corte indican que Dhiab relató su experiencia con la alimentación forzada «como una tortura».
Jon Eisenberg , uno de los abogados del prisionero, expresó al diario The Guardian que existen cientos de videos sobre ese procedimiento, cuyas grabaciones han permanecido ocultas «para mantener en secreto la verdad de este horrible abuso».
La actual situación pone de relieve los problemas en Guantánamo y la disputa sobre el futuro de esa penitenciaría, calificada por no pocos expertos de ser un hoyo oscuro en materia de derechos humanos.
Ahmed Jihad Mujstafa Diyab fue arrestado en Pakistán en 2002. El gobierno de Obama dijo que los liberaría en 2009 porque no existían razones legales para retenerlo.
Cori Crider, otra defensora de los detenidos, advirtió que la negativa del gobierno de tratar a Dhiab con decencia dice todo lo que se necesita saber acerca de lo que realmente está pasando en Guantánamo.
Obama «podría poner a mi cliente en un avión hoy si tuviera la voluntad de hacerlo», comentó Crider en referencia a la libertad de Dhiab.
La alimentación forzada ha provocado la indignación de todo el mundo, pero el gobierno trata de crear un apagón informativo en un esfuerzo por controlar, en la medida de sus posibilidades, el flujo de noticias dentro y fuera de la cárcel, consideran los observadores.
Sin embargo, para la Casa Blanca esta práctica no es tortura como tampoco ocurren en Guantánamo huelgas de hambre más allá del que los prisioneros «no estén comiendo sobre una base regular».
Cárcel de EE.UU. en Guantánamo vuelve a las noticias
