Petróleos Mexicanos (PEMEX), desde cualquier perspectiva, representa un pilar en la economía nacional e incluso, desde antes de la reforma, enfrenta grandes desafíos en términos de carga fiscal por parte del Estado y en materia de tecnología y desarrollo, aseguró el Presidente de la Comisión del Distrito Federal en el Senado de la República, Mario Delgado.
Al presentar ante las Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos, Primera, diversas reservas al proyecto de dictamen de la «Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley de Petróleos Mexicanos», el senador por el Partido de la Revolución Democrática (PR) señaló que ahora, PEMEX enfrenta nuevos retos importantes, como es la futura competencia con empresas petroleras transnacionales así como su autonomía y configuración corporativa, de acuerdo a los mejores estándares internacionales.
Dijo que en el supuesto de que se concrete la privatización de la industria petrolera y la consulta popular no pueda dar marcha atrás a dicho suceso, resultará de trascendental importancia la figura de Petróleos Mexicanos como nueva Empresa Productiva del Estado y con ella el nuevo régimen bajo el cual descansará en términos de gestión operativa, técnica y financiera.
El senador perredista aclaró que para lograr su eficacia, las reformas institucionales y legales dependen de la legitimidad social, y que cuando no existe la validez de las decisiones políticas y jurídicas, su vigencia queda en entredicho y los efectos que pueden conseguir sobre el crecimiento económico y el bienestar de los ciudadanos, pueden ser muy limitados.
Afirmó que en este orden de ideas, la Reforma energética dependerá en gran medida del ejercicio del derecho a consulta popular consagrado en el artículo 35 constitucional, que en su fracción octava estipula que es un derecho de los ciudadanos “votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional a petición de ellos mismos en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores”.
En este sentido, afirmó, los ciudadanos tienen el derecho de decidir sobre un aspecto tan fundamental en la vida nacional como es el activo petrolero, el más importante del país y una de las fuentes de ingresos del Estado más importantes.
Por ello, el legislador consideró que frente a este contexto nacional en materia energética, nuestro país requiere más que nunca una empresa nacional sólida, íntegra, innovadora, competitiva y sustentable así como dotada de un alto compromiso social que verdaderamente coadyuve a que la reforma energética que se plantea consolidar tenga impacto claro en el crecimiento económico y en el bienestar de todos los mexicanos.
Lo anterior a través de precios más competitivos (inferiores al promedio internacional) que otorguen una ventaja comparativa al país, además de que resulta indispensable que Pemex, en su nuevo rol de Empresa Productiva del Estado, se guíe bajo los más altos estándares internacionales en materia de gobierno corporativo y esté dotada de completa autonomía financiera y de gestión.