Diputados integrantes de las comisiones unidas de Energía y de Presupuesto y Cuenta Pública fijaron sus posicionamientos respecto del dictamen a la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal, que reforma diversas disposiciones de las leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la General de Deuda Pública.
Ello, previa a su aprobación en lo general, con 21 votos a favor y 7 en contra de los integrantes de la Comisión de Energía, así como 22 en pro y 10 en contra de los diputados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza anunciaron su voto a favor del dictamen porque, indicaron, se garantiza un manejo eficiente de los recursos petroleros; se fortalece el esquema de manejo de riesgos de las entidades federativas, y se regulan las transferencias extraordinarias del Fondo Mexicano del Petróleo. Se cambia de fondo el paradigma del sector energético en México.
Asimismo, porque los pasivos laborales de Pemex y CFE son superiores al 12 por ciento del PIB y no es un acto irresponsable que el Estado asuma dichos pasivos. También se establece el objetivo de los fondos de estabilización de los ingresos de las entidades federativas y de los ingresos presupuestarios.
En tanto, legisladores del PRD, Movimiento Ciudadano y PT se pronunciaron en contra, al considerar que se desplaza a las empresas del sector energético y se les condena al fracaso; se pretende convertir deuda pública los pasivos de Pemex para ir hacia su virtual liquidación, y “con la reforma sólo van a quedar hoyos, daño ambiental, despojo de tierras y enfermos”.
Al fijar su posicionamiento, el diputado Leobardo Alcalá Padilla (PRI) dijo que la reforma energética de ninguna manera privatiza a Pemex o a la CFE; por el contrario, “quitará una serie de lastres, la mayor parte burocráticos”, dijo. Además, agregó, se da a estas empresas autonomía, capacidad de gestión, se brinda protección al medio ambiente y una mayor eficiencia en las garantías de seguridad industrial.
“Alguien decía que era una ley impopular, pero impopular es postergar por más tiempo las leyes que millones de mexicanos están esperando; es no tener alternativa para disminuir el costo de la gasolina; impopular es seguir la importación de gasolina; no ser autosuficiente; no tener capacidad de explotación ni alternativas para disminuir el costo de la electricidad y del gas”, dijo.
Resaltó que en el dictamen se garantiza un manejo eficiente de los recursos petroleros en beneficio de la nación, con transparencia y rendición de cuentas; se fortalece el esquema de manejo de riesgos de las entidades federativas; se regulan las transferencias extraordinarias del Fondo Mexicano del Petróleo; se incluye el fortalecimiento a la pensión universal; el financiamiento de proyectos de inversión estratégica y la inversión de capital humano.
El diputado Rubén Camarillo Ortega (PAN) defendió que la modificación de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Deuda Pública, así como de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, de la del Fondo Mexicano del Petróleo, de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley Federal de Derechos, buscan darle integridad a una propuesta que plantea cambiar de fondo el paradigma del sector energético en México.
Señaló que cuando se rompen paradigmas se tienen que asumir retos, costos y dar la cara con su verdad, lo que no quita que haya desacuerdos par la visión particular en torno al sector energético, pero es un despropósito, dijo, afirmar que el saneamiento de las pensiones de los trabajadores de Pemex sea un intento de la liquidación o desmantelamiento de la empresa. “Francamente es inentendible una postura de esa naturaleza”, opinó.
Los legisladores de Acción Nacional, dijo, estamos convencidos de esta propuesta presentada por el Presidente de la República. En este tema de las pensiones lo más fáciles voltear la mirada hacia otro lado y asumir que no pasa nada, “es patear el bote hacia adelante”, pero quienes estamos convencidos de que Pemex puede y debe competir en el futuro, no lo podemos mandar con los lastres que hoy tiene.
La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (PRD) destacó que el dictamen contiene imprecisiones de forma y fondo. Mencionó que acorde a su reforma constitucional, el Ejecutivo desplaza a las empresas del sector energético y las condena al fracaso y en contra parte deja grandes dividendos para los privados.
Esta reforma no encarna el principio de transformar al sector y convertirlo en un pilar del crecimiento y el desarrollo del país. Conculca, dijo, derechos colectivos, supedita la organización y funcionamiento de las empresas productivas del Estado a las directrices de la Presidencia de la República con una legislación a modo que privilegia la opacidad y no apuesta a la investigación y violenta derechos laborales sin sancionar actos de corrupción.
Añadió que la propuesta no garantiza la autonomía presupuestal porque no modifica el régimen fiscal de Pemex. Calificó como “vergonzosa la forma en la que se pretende asumir el pasivo laboral, ya que se pretende encubrir, en dos artículos agregados de última hora, los resultados de una gestión irresponsable y corrupta de Pemex y CFE, además de que se cargará sobre las espaladas del pueblo el costo de un auténtico saqueo a la nación.
Tomás Torres Mercado (PVEM) advirtió que la crisis energética en el país es inminente, por lo que, dijo, el petróleo no puede ser nuestra fuente eterna de recursos públicos. Se ha dicho que entre el 35 y 40 por ciento del presupuesto tiene su fuente precisamente en el hidrocarburo. Sin embargo, agregó, la explotación y la exploración es claramente ineficiente y no considera una transición hacia fuentes alternas de energía. Todo ello se traslada a un sistema generador de recursos insostenible.
Dijo que su grupo parlamentario está a favor del dictamen que modifica la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Deuda Pública el cual plantea algo que se ha venido aplazando y que fue propuesto desde los sectores más progresistas: el reconocimiento de los pasivos laborales de organismos descentralizados y empresas de participación estatal como deuda pública.
Destacó que los pasivos laborales de Pemex y CFE son superiores al 12 por ciento del Producto Interno Bruto, equivalente a dos billones, 100 mil millones de pesos, superior al Fobaproa y al monto de la deuda pública reconocida por nuestro país, por lo que “no es un acto irresponsable que el Estado pueda asumir dichos pasivos”.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (MC) señaló que la reforma energética se puede resumir en dos palabras “más corrupción”. Consideró que con esta operación “se está consolidando el más grande saqueo energético, económico y estratégico del país”. Subrayó que no sólo se pretende entregar el petróleo a los extranjeros, sino que ahora pretenden convertir en deuda pública, deuda de todos los mexicanos, los pasivos de Pemex para ir hacia su virtual liquidación”.
Enfatizó que la asunción de pasivos por el gobierno federal presenta varios problemas. Primero, se condiciona a reducir el nivel de compensación futura de los trabajadores de la industria y, segundo, se carga el costo al erario para “facilitar el desmantelamiento futuro de las empresas sin enfrentar resistencia sindical”.
Aclaró que están de acuerdo en todas las medidas que contribuyan a preservar los derechos de los trabajadores, pero no facilitar la privatización de las actividades que desempeñan en sus trabajadores y cargar la deuda laboral histórica a los mexicanos. “Si se tuviera confianza en que Pemex como empresa productiva del Estado, va a ser viable, competitiva y va a salir adelante, no habría necesidad de trasladar este pasivo a deuda pública, sería amortizable y llevadero”. Por ello, anunció su voto en contra “de este nuevo robo a la nación, de este Pemexproa que están queriendo construir”.
Por su parte, el diputado Alberto Anaya Gutiérrez (PT) indicó que una vez que las privatizaciones inicien, “lo que vamos a vivir es un saqueo de mayor dimensión de lo que se tuvo en la época del Porfiriato porque se van a tener nuevas tecnologías que vienen del extranjero y no está dentro de su preocupación el generar empleo en México”.
Mencionó que esta reforma va a generar empleo pero no en México sino en los lugares donde se vende el crudo. “El empleo y el detonante económico va a estar en España, Alemania, Japón y Estados Unidos que es a donde se va a ir nuestro crudo. Ahí es donde se va a procesar el petróleo, se va a impulsar el tratamiento de la petroquímica básica y secundaría, y van a generarse cadenas productivas que para ellos van a ser de beneficio”.
Agregó que al pueblo de México “sólo le van quedar hoyos, daño ambiental brutal, despojo e injusticia en relación a la tierra de muchos campesinos y propietarios rurales, así como enfermos y tuberculosos”. Además, aunado a un aumento generalizado de impuestos, esta situación va a ser negativa para el pueblo mexicano”.
La diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza) señaló que en la Ley de Presupuesto se establece el objetivo de los fondos de estabilización de los ingresos de las entidades federativas y de los ingresos presupuestarios, lo cual coadyuvará a dar certidumbre sobre el ejercicio de recursos públicos.
Precisó que también se crea el Fondo Mexicano del Petróleo para el manejo de los ingresos petroleros, mismos que deberán conducirse con responsabilidad, eficiencia y transparencia. Consideró que este fondo debe ser el vehículo idóneo para administrar los ingresos petroleros y dar certidumbre económica al país, transfiriendo recursos por un monto equivalente al 4.7 por ciento del PIB al Presupuesto de Egresos.
Otro punto, destacó, es la incorporación de los fondos de investigación y sustentabilidad, mismos que contribuirán a la formación de capital humano, el uso de tecnologías limpias y fuentes renovables de energía. Sin embargo, consideró necesario destinar parte de los recursos excedentes a temas de educación, infraestructura educativa y a programas sociales prioritarios. Anunció que en su momento, su grupo parlamentario presentará algunas reservas para mejorar los ordenamientos jurídicos en la materia.
Durante la discusión, el diputado Carol Antonio Altamirano, del grupo parlamentario del PRD, afirmó que el dictamen va en contra de los intereses del país. Indicó que obligar a pagar los pasivos de manera automática, descontándolos de los ingresos excedentes, trastoca el diseño de la reforma y rechazó que haya una orden legal que se entrometa en algo que deben decidir patrones y trabajadores.
Por su parte, el diputado Javier Treviño Cantú (PRI) expresó su voto a favor del dictamen, ya que da los instrumentos necesarios para ejecutar la reforma constitucional aprobada en diciembre pasado en materia de finanzas públicas y regula el destino de los recursos que ingresen al Fondo Mexicano del Petróleo. Afirmó que todo el esfuerzo está orientado a garantizar la seguridad energética del país.
En su turno, el diputado Víctor Manuel Jorrín (MC) dijo que no están en contra de la modernización, ni de leyes que permitan obtener mayores recursos y abaratar los precios de la energía y los hidrocarburos, pero consideró que debía modernizarse Pemex antes de abrirse a inversiones extranjeras y de modificar leyes que no garantizan la seguridad del trabajador. Por ello, expresó su desacuerdo con el dictamen.
El diputado Jesús Valdés Palazuelos (PRI) aseguró que el dictamen garantiza un manejo eficiente de los recursos petroleros en beneficio de la nación, estableciendo reglas claras para su administración y disposición, lo cual, afirmó, redundará en mayor transparencia en manejo de recursos.
Por el PRD, el diputado Mario Alejandro Cuevas declaró su postura en contra, afirmando que el dictamen no otorga la autonomía fiscal que requiere Petróleos Mexicanos y contempla medidas artificiales que pretenden vulnerar a los trabajadores, sobre todo.
El diputado Juan Bueno Torio (PAN) dijo que con la absorción de los pasivos laborales de Pemex y la CFE los trabajadores no serán afectados, porque la ley les conserva y guarda sus derechos, y de lograr el acuerdo para reestructurar sus sistemas de pensiones y sus contratos colectivos, entraría el Estado en una proporción similar, “como se ha hecho en los sistemas de pensiones que se han reestructurado antes”.
En tanto, el diputado Luis Espinoza Cházaro (PRD) se pronunció porque el pasivo laboral no se convierta en deuda pública. “Basta ya de que el negocio lo hacen unos cuantos y la pérdida es para todos los mexicanos que pagan impuestos”. Cuestionó cuánto dinero pagará cada mexicano y durante cuánto tiempo, por los dos billones de pesos que representa ese pasivo.