Guatemala, 20 sep (PL) El partido Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) exigió hoy al Gobierno prorrogar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), presente en este país hace siete años.
La URNG argumentó en un comunicado que recientes investigaciones de la CICIG han conducido a desarticular una estructura de la criminalidad organizada que operaba desde las cárceles con la participación directa y complicidad de altos funcionarios del Sistema Penitenciario.
Igualmente, agregó, ha hecho señalamientos que colocan en entredicho el proceso de elección de magistrados de Salas de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia.
El actual período de la mencionada comisión expira el 3 de septiembre de 2015, y es responsabilidad del organismo ejecutivo solicitar otros dos años mediante un simple canje de notas con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, indicó la agrupación política.
Recordaron que el mandato de ese ente internacional está fundamentado en el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, firmado entre el Gobierno guatemalteco y la URNG en 1994, a través del cual el Estado se comprometió a erradicar los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad para terminar con la impunidad en el país.
El Estado guatemalteco, añadieron, solicitó voluntariamente la instalación de la CICIG a partir de reconocer las graves falencias en materia de investigación criminal y debilidad de los sistemas de justicia y seguridad ciudadana, acompañados de altos índices de corrupción, que favorecen a los grupos tradicionales de poder.
«Desde la llegada al poder de la actual administración, encabezado por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, ha sido evidente la estrategia de desmontar cualquier gestión institucional que signifique una amenaza para los intereses corruptos y criminales de saqueo de los recursos del Estado amparados en la más absoluta impunidad», denunciaron.
Ante esta situación, la URNG exigió que Pérez Molina solicite a la mayor brevedad la prórroga del mandato de la CICIG al secretario general de las Naciones Unidas.
Pidieron al ministerio público y a la CICIG investigar a fondo las estructuras de crimen organizado que actúan desde los centros de detención y a deducir las responsabilidades respectivas aún si estuvieran involucrados altos funcionarios, y a esclarecer los señalamientos de CICIG contra aspirantes a magistrados a la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones en aras de garantizar la transparencia del proceso.
Rechazaron la utilización del Ejército para «resguardar» el sistema penitenciario por contravenir los compromisos establecidos en 1996 en los Acuerdos de Paz, específicamente el referido al Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática.
Exigen en Guatemala prorrogar mandato de camisón contra la impunidad
