(ng) El encargado del Despacho de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Julián Olivas Ugalde informó que la dependencia prepara grupos especiales y testigos sociales, para verificar los trabajos de construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.
Al comparecer ante diputados federales, el funcionario mencionó que la SFP se encuentra lista para llevar a cabo las auditorías necesarias en todo el proceso de la construcción del aeropuerto, en las tres etapas de la obra.
Dijo que harán lo mismo en los concursos donde se hagan los trenes de Toluca, Querétaro, Suburbano de Guadalajara y en el de Monterrey, obras que va a llevar a cabo el gobierno de la República.
Olivas Ugalde dijo que en el caso de Oceanografía, el órgano interno de control de la SFP en Pemex detectó en nueve contratos que las finanzas que había entregado estaban por debajo de los rangos pactados.
Ante el amparo presentado por la empresa en contra de las sanciones, la SFP está atenta a la penalización de carácter judicial que determine en su caso el juez de distrito.
En cuanto al tema de la Línea 12 del Metro, Oliva Ugalde manifestó que fue el gobierno del Distrito Federal quien se había comprometido a pagar los recursos por 489 millones de pesos.
Explicó que derivado de obras que se realizaron en 2008, 2009 y 2010, se pidió el reintegro al gobierno del Distrito Federal, pero este se negó a pagarlo como se había acordado en un principio.
“Desgraciadamente el gobierno del Distrito Federal primeramente nos había manifestado que iba a realizar el pago, había pedido la oportunidad de que se hiciera en parcialidades, como ha ocurrido en otros casos.
“Pero al final presentó una demanda ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa en contra del cobro de estos 489 millones, que además fueron observados por ambas contralorías, no fue un acto unilateral de la Secretaría de la Función Pública”, señaló el funcionario.
Agregó que la Contraloría del Gobierno de la ciudad y la Secretaría de la Función Pública llevaron a cabo las revisiones y al final quedaron 597 millones de pesos del Fondo Metropolitano, que se aplicó por la autorización que hizo el comité respectivo de pagar con recursos de 2011.
El subsecretario mencionó que de la revisión que se hizo a esas observaciones se pudieron aclarar alrededor de 107 millones 853 mil pesos, que fueron obras de convenios, contratos que se habían firmado en 2011 o que estaban realizándose en 2011. “Por eso nos quedó la cantidad de 489 millones 422 mil pesos”.
Otra de la obras bajo observación es la Estela de Luz, que tiene abiertos 103 expedientes de presunta responsabilidad e involucra a 27 servidores públicos y el ex director general de Triple I Servicios, la constructora que llevó a cabo esta obra; seis ex gerentes, un subgerente y seis subgerentes.
Oliva Ugalde dijo que en cinco procedimientos ya se ha aplicado inhabilitación de seis meses, como es el caso del titular del órgano interno de control en Triple I Servicios, quien además era el asesor del Comité de Obras Públicas.
“También se está llevando a cabo un procedimiento, se notificó hace poco. Ya se desahogó la audiencia de la ley en la Contraloría Interna de la Secretaría de la Función Pública a miembros del Comité que llevó a cabo eta obra.
“Entonces con estos procedimientos una vez que se concluyan podremos, en su caso, emitir las resoluciones e informar a la Auditoría Superior de la Federación de las resoluciones que se obtuvieron, pero hemos iniciado 103 procedimientos”, informó el subsecretario de la SFP.