Al menos ocho cuerpos fueron encontrados en las fosas clandestinas descubiertas a mediodía del sábado en el municipio de Iguala, en el sur de México, confirmaron hoy fuentes del Gobierno de Guerrero.
Un portavoz del Gobierno estatal indicó que hasta la noche del sábado habían sido localizados ocho cuerpos, «pero no sabemos si pertenecen a los 43 jóvenes» desaparecidos el fin de semana pasado tras los ataques a estudiantes en los que murieron seis personas y 25 resultaron heridas.
Sobre las versiones divulgadas por algunos medios de que los cuerpos están calcinados, la fuente dijo desconocer el estado en el que se encuentran.
Señaló que las labores de investigación continúan en las inmediaciones de un cerro ubicado en la comunidad de Pueblo Viejo, en Iguala, donde fueron encontradas las fosas clandestinas gracias a información proporcionada por varios detenidos.
La fuente adelantó que en la tarde las autoridades del estado volverán a comparecer ante la prensa para dar información sobre el caso.
El fiscal de Guerrero, Iñaky Blanco, confirmó el sábado el hallazgo de las fosas con «restos humanos» en la comunidad de Pueblo Viejo, pero no precisó el número de víctimas ni las condiciones en las que fueron encontrados los cuerpos.
Señaló que las declaraciones de los 30 detenidos hasta ahora en relación a los hechos de violencia registrados la noche del 26 al 27 de septiembre pasado les permitió llegar hasta ese lugar.
Entre los arrestados hay 22 policías de Iguala, que según las pruebas periciales dispararon contra los alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa (dedicada a la formación de maestros de primera) y ocho personas más capturadas en las últimas horas.
Blanco dijo en una conferencia de prensa que «hay elementos» para establecer que en la violencia desatada la semana pasada participó la organización criminal Guerreros Unidos, que infiltró a la Policía municipal.
Según analistas de la región, los grupos criminales financian las candidaturas de los presidentes municipales y cuando estos ganan las elecciones se ven obligados a entregar a esos grupos algunas posiciones dentro del Gobierno local, incluidas las policías.
De acuerdo con varios testigos, decenas de estudiantes fueron subidos a varias patrullas por los mismos policías que los atacaron cuando viajaban en varios autobuses privados, que habían tomado ilegalmente para regresar a sus casas tras una colecta.
La fiscalía general anunció anoche que había asumido la investigación de los 43 jóvenes desaparecidos, después de que los padres de los estudiantes pidieran en la capital mexicana la intervención del Gobierno federal.
«El Estado mexicano no puede permitir que un hecho tan indignante quede impune», afirmó la Procuraduría General de la República (PGR), que prometió realizar todos los esfuerzos para «esclarecer este lamentable acontecimiento».
Así, la institución envió a Guerrero a expertos forenses para que realicen los exámenes que permitan determinar la identidad los restos encontrados en las fosas, así como a un grupo de investigadores y agentes del Ministerio Público.
Los familiares y compañeros de los 43 alumnos de la Normal que permanecen desaparecidos volvieron hoy a bloquear la autopista entre Chilpancingo, la capital de Guerrero, y el puerto de Acapulco, en ambos sentidos para exigir información sobre las fosas halladas.