La Comisión Especial para dar Seguimiento a la Investigación Relacionada a los hechos originados en Iguala, Guerrero, se declaró en sesión permanente a fin de dar celeridad a la elaboración de su plan y agenda de trabajo.
Durante la reunión de trabajo que se prolongó por espacio de más de dos horas, los diputados de la comisión acordaron reunirse mañana jueves para constituir el plan de trabajo y la agenda que llevarán a cabo.
El presidente de esta instancia de la Cámara de Diputados, José Guillermo Anaya Llamas, reveló que ya entabló contactos con los titulares de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam para conocer cómo va el proceso de la investigación de este hecho.
También se tiene contemplado un encuentro con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva y el Comisario de la Gendarmería, Manelich Castilla Craviotto.
Señaló que el primer reto que tiene la comisión es romper con una inercia de no resultados y que el objetivo de los legisladores sea rendir frutos a la Cámara de Diputados y a los familiares de los jóvenes normalistas desaparecidos.
“Que los miembros de la comisión que tenemos experiencia legislativa, en derechos humanos, en seguridad pública y por ningún motivo debemos permitir que alguien quiera o pretenda lucrar políticamente con el dolor de las familias de los estudiantes hoy desaparecidos”, indicó.
Dijo que la convocatoria y el llamado a los integrantes es a ser más “objetivos, transparente y profesionales”.
El legislador panista especificó que se tienen previstas también reuniones con familiares, compañeros y autoridades de la normal rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”,
Por su parte, el representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manuel Añorve Baños, llamó a conformar un grupo de legisladores de confianza y a no emitir juicios de valor a priori, ya que destacó que tienen una gran responsabilidad ante la opinión pública y la nación.
“No debemos politizar ni partidizar esta comisión, la responsabilidad va más allá de lo que nos han pedido nuestros grupos parlamentarios”, agregó.
Se manifestó por la elaboración de un plan de trabajo responsable, que actúe y coadyuve en lo que las autoridades estatales, municipales y federales realicen a favor de la investigación, sin importar el origen partidista que tengan.
En tanto, la legisladora del Partido Verde Ecologista, Ruth Zavaleta, sostuvo que existen las condiciones para viajar a Iguala y demostrar que los legisladores tiene la capacidad de adaptarse a las condiciones que viven diariamente los habitantes de esa región del estado de Guerrero.
Consideró que la indignación ante el caso es internacional y se pronunció porque además de un informe fehaciente respecto a los hechos ocurridos en Guerrero, la comisión busque justicia.
“Que esta comisión sea imperativa para manifestarse a lo que sea una irregularidad en el estado, no por interferencia, sino por una cuestión de interés nacional, como de sensibilidad política”, explicó.
Añadió que debe descartarse “el lucro político con los muertos o con los desaparecidos. Queremos que las cosas se resuelvan por las vías políticas y por las vías necesarias, jurídicas y legales”.
A su vez, la representante del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar Gil, propuso reuniones de trabajo con el procurador general de la República, con el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong y con el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia.
También con el gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, con el procurador general de Justicia de la entidad, Iñaki Blanco Cabrera y con el Comisario de la Gendarmería.
Asimismo, con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Guerrero, Ramón Navarrete Magdaleno, líderes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, víctimas, familiares de los desaparecidos, organizaciones de la sociedad civil, Human Rights Watch y OEA.
Todo ello, abundó, con el fin de conocer las acciones emprendidas por las autoridades de los tres niveles de gobierno y encontrar una solución pronta a la violencia en la zona.
Comentó que la posición de la fracción parlamentaria del PT es coadyuvar para que los ciudadanos y los familiares de los estudiantes desaparecidos tengan justicia. “Eso es a lo que vamos a tratar de llevar esta Comisión y señor presidente se lo digo desde ahora va a tener una piedra en el zapato para que hagamos lo conducente”, sentenció.
Ante la urgencia de la situación, comentó, la importancia de tener reuniones más seguidas y de manera inmediata, no solamente en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sino en la zona donde ocurrieron los hechos y con las personas inmiscuidas en el proceso de investigación.
“Nosotros tendremos que reunirnos de manera inmediata, no en esta Cámara de Diputados, tenemos que ir a Guerrero no solamente a reunirnos con el titular de la PGR o con quienes ya están trabajando en la investigación, sino con las víctimas”.
Enfatizó que la comisión tiene que garantizar justicia y garantía de derechos humanos, ya que los estudiantes no pueden ser criminalizados antes de una investigación justa, debido a que se ha dicho que el suceso es un problema entre grupos criminales.
La diputada perredista, Lizbeth Rosas Montero, afirmó que la comisión debe ser abierta a toda la población, “para que puedan venir a platicar con nosotros no solamente los familiares de las víctimas, sino todo aquel que nos pueda aportar elementos para la investigación, para tener más información acerca del paradero de los jóvenes”.
Reiteró el compromiso de que la instancia será un elemento que ayude a la estabilización y promueva ir al fondo del conocimiento y verdad de los hechos; así como la localización absoluta de las víctimas.
“Una comisión en donde promovamos la denuncia pública, que los ciudadanos nos puedan aportar datos de lo que sucedió; tenemos que impulsar una campaña de civilidad en donde toquemos la fibra sensible de la población”, consideró.
Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, subrayó que en el informe final de la comisión, que por ley tiene que entregar, deben estar claramente establecidos los responsables, las causas y los móviles de la desaparición y posible muerte de los jóvenes normalistas.
Puntualizó que el hecho se da en una situación en la que el país se encuentra en riesgo en distintos puntos y en un contexto de hostigamiento a los normalistas. “No puede haber una utilización facciosa de la comisión”.