Senadores del Partido Acción Nacional solicitaron al Gobierno federal cancelar el incremento del 3 por ciento al precio de las gasolinas previsto para enero del próximo año, por tratarse de una medida que impactará severamente en la economía de las familias, presionará la inflación y promoverá el encarecimiento de los bienes y servicios, además de limitar el desarrollo de todas las actividades económicas del país.
Mediante un punto de acuerdo, también solicitaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) implemente los mecanismos permanentes de revisión y ajuste de los precios internacionales de los combustibles, para que en función de ello se fije de manera mensual los precios de las gasolinas en México.
De acuerdo con las consideraciones expuestas por los legisladores sólo en el último cuatrimestre, el precio del Brent cayó de 102 dólares el barril a 70.5 y continúa a la baja; el West Texas Intermidiate, de 90 a 66, por ejemplo.
Lo anterior ha forzado a que el precio de las gasolinas en Estados Unidos se comporte de manera completamente congruente con esta tendencia a la baja, situación que no ocurre en México, pese a que existen las condiciones legales para que el Gobierno federal ajuste los precios del combustible conforme lo hacen los mercados internacionales, expusieron.
Los senadores del PAN consideraron que en un error de la política económica del Gobierno federal no sólo no han disminuido los precios de la gasolina, como ha sucedido en el mercado internacional, sino que siguen aumentando mes con mes.
“Incluso –dijeron– con la tendencia que se ha seguido, para el próximo año, cuando surta efecto el incremento anunciado del 3 por ciento en el mes de enero, la gasolina en México se venderá al menos 50 por ciento más cara que en el país vecino del norte, además de que su incremento sin duda será un detonante a la alza de los índices de inflación y los precios del transporte”.
El incremento en los precios de los combustibles ya no se justifica pues en México ya son más caros que en el mercado de referencia. Si el objeto de su aumento o deslizamiento fue en principio disminuir los subsidios hasta igualarlos a los precios internacionales, ese objetivo ya se cumplió y se superó, señalaron.
En tanto el aumento de las gasolinas, para el presente año se espera que México crezca a una tasa de tan sólo el 2 por ciento, según estimación de la SHCP, lo que representa un crecimiento raquítico, sin duda derivado de una reforma fiscal lesiva para la población y los sectores productivos del país, refirieron.
Además, se espera cerrar el año con una tasa de inflación de más del cuatro por ciento, a la que se deben sumar los nada alentadores indicadores señalados en perjuicio de nuestra población, así como el incremento señalado de 3 por ciento en las de por sí ya caras gasolinas que, como señalamos, representan un insumo imprescindible en las cadenas productivas de todos los sectores del país.
Los legisladores expresaron la necesidad de que las autoridades competentes implementen mecanismos que permitan la reducción de los precios de las gasolinas a través de la revisión constante de las fluctuaciones en los mercados, a efecto de que los precios se ajusten a la baja conforme a la marcada tendencia de los mercados internacionales del petróleo y sus derivados.
“Convencidos de la imperante necesidad de poner a los mexicanos en el centro de las decisiones económicas del país, expresamos nuestro rechazo total al incremento en el precio de las gasolinas previsto para el próximo año, pues esta medida carece de sentido y resultará en extremo lesivo para la economía de todo el país”, indicaron.
El punto de acuerdo fue signado por los senadores Carlos Mendoza Davis, Fernando Yunes Márquez, Sonia Mendoza Díaz, Francisco García Cabeza de Vaca, Fernando Herrera Ávila, Francisco Salvador López Brito, Héctor Larios Córdova, Maki Esther Ortiz Domínguez, Raúl Gracia Guzmán, Juan Carlos Romero Hicks, Javier Lozano Alarcón, Laura Angélica Rojas Hernández, José Rosas Aispuro Torres, Ernesto Ruffo Appel, Francisco Domínguez Servién y Ernesto Javier Cordero Arroyo y turnado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su análisis y dictamen correspondiente.