La reforma enviada por el presidente Enrique Peña Nieto al Senado en materia del Mando Unico Policial y la intervención de la federación en municipios infiltrados por el crimen, deben analizarse de forma urgente en el periodo de sesiones que inicia el 1 de febrero para revertir los altos niveles de violencia, delincuencia, corrupción e impunidad que existe en cientos de alcaldías del país.
Aseveró en entrevista el legislador del PRI el Vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado, Arturo Zamora Jiménez, quien dijo que México se encuentra ante una grave y difícil disyuntiva en el ámbito municipal y de seguridad:
“Dejar que todo siga como está ahora y permitir que cientos de municipios sigan amenazados, infiltrados u operados por el crimen, como ocurrió en Iguala o empezar establecer medidas legislativas y ejecutivas que frenen el actual modelo policial que se encuentra agotado y colapsado”.
Destacó que las circunstancias actuales obligan a todas las fuerzas políticas y bancadas en el Senado a admitir sin cortapisas que la debilidad de las estructuras policiales y administrativas de los municipios más frágiles del país están sirviendo de plataforma para actividades del crimen organizado en amplias zonas del país.
“No podemos cerrar los ojos desde el Senado y simular que no hay un grave problema en un porcentaje importante de municipios del país. No de ahora, sino desde hace por lo menos una década. No podemos darnos el lujo de aventurar que bajo el actual marco constitucional existen las condiciones necesarias y suficientes para enfrentar con éxito el crimen organizado”.
Zamora Jiménez subrayó que es necesario reconocer el modelo policial previsto en nuestra Constitución se encuentra totalmente agotado y colapsado, porque la prevención del delito, hoy reducida a nulidad, es un componente fundamental en el combate al crimen en todas sus formas.
En este sentido es claro que la reforma constitucional que envió hace unas semanas al Senado de la República el presidente Enrique Peña Nieto, pretende el establecimiento de un Mando Unico Policial Estatal, donde existan mayores controles en la actuación y operación de los uniformados en los más de 2 mil 400 municipios del país.
Recordó que el Ejecutivo Federal también plantea la asunción total o parcial de las funciones de los municipios cuando se adviertan indicios suficientes para considerar que hay una infiltración del crimen organizado en la administración o ejecución de servicios públicos municipales.
“Hoy en día, al menos 600 municipios de nuestro país carecen de corporación policial y sólo catorce estados tienen el cien por ciento de cobertura total” sumado a que otro porcentaje importante tienen una marcada incompetencia operativa derivada de las precarias condiciones en que se hallan sus recursos humanos y su equipamiento.
Expuso los grupos delincuenciales han encontrado en los municipios una forma de operación criminal para hacerse del control de una alguna zona geográfica en donde puedan realizar sus actividades, por medio de la cooptación o toma de control de las fuerzas policiales de los municipios más frágiles, lo que les permite realizar casi en completa impunidad operaciones de extorsión, secuestro, cobro de “derecho de piso”, robo de vehículos, narcomenudeo y trata de personas.
El legislador por Jalisco puso como ejemplo el reciente caso de Iguala, donde se ha evidenciado la infiltración del crimen ese y otros municipios de Guerrero; las denuncias por parte alcaldes michoacanos que eran acosados por el crimen o la revelación que la desaparición y muerte de casi 200 migrantes hallados en fosas en 2011 participaron policías municipales.
Subrayó que la reforma del Ejecutivo Federal no afecta la soberanía municipal o estatal. Continuarán siendo autónomos para administrar libremente su hacienda y prestarán los servicios públicos que tradicionalmente han venido suministrando, excepción hecha de la seguridad pública, la cual será competencia de los gobiernos de los estados.
Frente a algunas voces de alarma de algunos alcaldes en torno a la asunción total o parcial de las funciones de los municipios, cuando se adviertan indicios suficientes para considerar que hay una infiltración del crimen organizado en la administración o ejecución de servicios públicos municipales.
El legislador del PRI dijo que este tema debe ser prioritario para todas las bancadas en el Senado en el próximo periodo de sesiones y ser objeto de una rigurosa reglamentación en las leyes secundarias que expedirá en Congreso de la Unión, donde serán escuchadas todas las voces y serán colmadas todas las inquietudes, pero lo peor sería dejar a los municipios más vulnerables a merced del crimen organizado.