París, 9 feb (PL) Un tiroteo ocurrido hoy en la sureña ciudad de Marsella es el más reciente de los eventos violentos ocurridos en Francia, donde el tema de la seguridad sigue cobrando protagonismo.
Dos grupos de hombres encapuchados se enfrentaron a tiros en el barrio de La Castellane, uno de los más grandes de esa ciudad, reportan medios locales de prensa.
Las primeras informaciones apuntan a que el enfrentamiento, en el que se usaron fusiles de asalto kalashnikov, no está relacionado con una acción yihadista. Al parecer se trata de un choque entre grupos mafiosos de la urbe que competían por un punto de venta de droga.
El hecho se produce el mismo día en que está programada una visita del primer ministro Manuel Valls y cuando el sistema nacional de alerta, Vigipirate, se mantiene activado en todo el país, con un amplio despliegue de policías y militares en lugares que las autoridades consideran sensibles.
Casualmente, el objetivo de Valls es tratar el tema de la seguridad en Marsella, un lugar tristemente conocido por la delincuencia y por concentrar la mayor parte de los «milieu», como se conocen aquí a los grupos criminales organizados que operan en Francia.
Tras lo sucedido, el gobierno envió tropas de élite a esa ciudad costera. El hecho de que varios policías fueron objeto de disparos cuando acudieron al lugar fue lo que hizo saltar las alarmas en el primer momento sobre una posible acción yihadista.
Todo ocurre un día después de que seis personas sospechosas de pertenecer a una filial yihadista fueron detenidas en Toulouse (sur), lo cual se unió a otros arrestos recientes por motivos similares.
Hace pocas semanas, Valls anunció que la suma que destinará en tres años el gobierno para reforzar el combate contra el terrorismo ascenderá a 425 millones de euros de créditos suplementarios.
Analistas advierten sobre la posibilidad de que los atentados ocurridos a principios de enero sean utilizados para intentar justificar determinadas acciones como la intervención en conflictos armados en el exterior.
También consideran hasta cierto punto contradictorias algunas de las medidas adoptadas por el gobierno (juicios, condenas) cuando desde el primer momento calificó los ataques de enero como un atentado a la libertad de prensa y de expresión.