Marcelo y sus ex colaboradores deben ser juzgados penalmente por el caso de la línea 12.

Por Gabriel Castillo

El ex Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, así como el senador Mario Delgado y el actual titular del Metro, Joel
Ortega Cuevas, entre otros, así como las empresas que participaron en la construcción de la línea 12 del Metro, deben ser juzgados penalmente por actos de corrupción, delincuencia organizada e incluso por el megafraude de más de mil millones de pesos, ya que esto podría haber causado una muerte colectiva de no haberse frenado a tiempo. Las obras de la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (METRO), corre de Mixcoac a Tláhuac.

Así lo afirmaron diputados del PRI, PAN, PVEM e incluso del PRD, tanto del Congreso de la Unión como integrantes del Colegio de Profesionales
en Derecho, que encabeza el licenciado Roberto Alcántara.

En conferencias de prensa por separado, tanto legisladores como licenciados no conciben que el principal responsable de las irregularidades en las obras de la línea conocida como “Dorada” o del “Bicentenario”, ahora se postule como diputado plurinominal por Convergencia.

De la lentitud con que se integra la averiguación previa en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, PGJDF, culparon al actual Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera Espinosa, e indicaron que está protegiendo a Marcelo “porque así paga la factura del cargo que ahora ocupa”.

Por lo que se refiere al “discípulo” de Marcelo, Joel Ortega Cuevas, actual director del Sistema de Transporte Colectivo (METRO), está incurriendo en los delitos de encubrimiento y negligencia al no denunciar penalmente a su exjefe.

Joel Ortega, quien fuera titular de la Secretaria de Seguridad Pública del DF, tiene cuentas pendientes en las que se vio involucrado con Marcelo, como es el caso de la discoteca New´s Divine, ubicada sobre la calzada de Guadalupe en el perímetro de la delegación política Gustavo A. Madero donde fallecieron varios estudiantes debido a la impericia que tuvieron para realizar su mega operativo.

Tanto los legisladores como los representantes del Colegio de Profesionales en Derecho, insistieron en que tanto el mega fraude superior a los mil millones de pesos como la estafa con terrenos a los ejidatarios de Tláhuac no puede quedar impune.

Señalaron que los diputados de la Asamblea Legislativa del DF, “en concreto no han hecho nada por resolver el problema. Ya se van y dejaran el caso pendiente a los que vienen”.

Indicaron los legisladores y los licenciados que inclusive a Marcelo Ebrard Causaubón, futuro y flamante diputado, los ejidatarios de Tláhuac le hicieron saber que los terrenos situados en San Francisco Tlaltenco, donde se edificó la terminal de Metro así como los talleres, son zona de cavernas y fangosa ya que con anterioridad por ahí pasaban las aguas de lago de Texcoco y Xochimilco.

Sin embargo, no los escucharon y se edificó el inmueble en ese sitio; el edificio hace tres años quedó afectado y presenta cuarteaduras en
diferentes partes de su estructura, esto debido a que hace tres años se produjo un sismo de 5 grados Richter.

QUE LOS CASTIGUEN PENALMENTE.

Tanto Roberto Alcántara, como los legisladores insistieron en que sea la Procuraduría General de la República, PGR, la que atraiga el caso y
una vez concluida la averiguación sea turnada a un juez federal que castigue con cárcel a estos servidores públicos corruptos.

Revelaron que en el supuesto caso de llegue a suceder una tragedia que cueste la vida a decenas de personas, “¡quienes serán los
responsables…los servidores públicos en funciones en esos momentos o Marcelo y su clan de corruptos.

Calificaron de increíble que la Asamblea Legislativa del DF, no haya encontrado elementos suficientes –a tiempo- para solicitar que la PGR,
tomara el caso en sus manos. “Es posible que también estén encubriendo a los empresarios de ICA, Carson y Alstom, así como al ex comisariado ejidal y ex diputado Juan Carlos Leyte Chavarría, quién se confabuló con el equipo de trabajo de Marcelo para despojar de sus tierra a los ejidatarios y poner los nombres de otras personas en la lista de ejidatarios afectados por las obras del metro.

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