Brasilia, 27 mar (PL) Un nuevo caso de corrupción que involucra a 70 compañías, entre entidades del Ministerio de Finanzas, grandes bancos y empresas del sector industrial y automotriz, acapara hoy la atención de los brasileños.
Según las primeras revelaciones de la Policía Federal, se presume la existencia de un cartel que sobornaba a agentes públicos con miras a manipular procesos de evasión fiscal.
El jefe del comando de lucha contra el Crimen Organizado de la Policía Federal, Oslain Campos Santana, destacó que este caso, bautizada como «Operación Zelotes» (falso celo), puede ser «tan grande» como el esquema de corrupción en Petrobras.
Se sospecha que los daños al erario público alcancen hasta 19 mil millones de reales (unos seis mil millones de dólares), de acuerdo con datos de la Policía Federal (PF).
Las investigaciones envuelven a la menos 10 empleados del Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (CARF), perteneciente al Ministerio de Hacienda, que se presumen manipularon expedientes de casos de evasión de impuestos para favorecer a empresas encausadas por la Receta Federal, ente federal recaudador de impuestos.
El delegado de PF Marlon Cajado, a cargo de esta operación, destacó que una cuadrilla, cuyos integrantes no mencionó, pesquisaban las empresas con grande deudas con el fisco y ofrecían facilidades para anular las multas y procesos en su contra a cambio del pago de altas sumas de dinero.
Los valores cobrados variaban de acuerdo con gravedad de las sanciones impuestas por la Receta Federal, señaló Cajado, al mencionar que algunas empresas pagaron hasta 300 mil reales, unos 120 mil dólares.
De acuerdo con las pesquisas, iniciadas en 2013 y difundidas por medios de prensa nacionales, se estima que desde el 2005 fueron defraudados más de 70 procesos tributarios y entre los implicados en este millonario esquema de evasión fiscal figuran entidades financieras, empresas la industria automotriz, siderúrgicas y compañías agrícolas.
La Policía Federal emitió la víspera 41 órdenes de captura y allanamientos contra sospechosos en los estados de Sao Paulo, Ceará y en el Distrito Federal del Brasilia y se incautó un millón 300 mil reales (unos 406 mil dólares) en casas y oficinas de consultores y abogados.
El gobierno federal no realizó pronunciamiento alguno sobre este caso, pero fiscal general del Ministerio de Hacienda, Fabiana Lima, anunció que una vez comprobado el delito de fraude se iniciará una revisión de procesos cerrados sobre disputas de evasión fiscal.
Otra caso de corrupción agobia a Brasil
