México, 27 abr ((PL) El crimen de Iguala, y la desaparición de 43 normalistas en Guerrero, México sigue siendo hoy una herida abierta en el corazón de la sociedad mexicana y una tarea pendiente de la justicia frente a la impunidad.
Se cumplieron siete meses de los asesinatos de tres normalistas de la escuela rural de Ayotzinapa en Iguala, y la desaparición forzada de 43 más junto a otros tres homicidios y lesiones graves a más de una veintena de civiles en la noche del 26 al 27 de septiembre último.
El caso provocó la caída y luego el encarcelamiento del alcalde de esa localidad y de su esposa, así como la separación del cargo del ahora exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre.
Otro que dejó el cargo fue Jesús Murillo, quien encabezó la investigación oficial como Procurador General de la República (PGR) en febrero pasado, cuando pasó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Hay, además, más de un centenar de detenidos por su presunta participación en ese episodio de barbarie, pero hasta la fecha la herida sigue abierta y la víspera se realizaron diversas movilizaciones y actos en el Distrito Federal, en la capital de Guerrero, otras ciudades del país y del extranjero, en demanda de justicia y esclarecimiento de los hechos.
Desde el 27 de septiembre del año pasado, cuando la opinión pública se enteró con horror de la barbarie policial y delictiva perpetrada en Iguala, se demandó una investigación creíble, procuración de justicia efectiva y la búsqueda de los muchachos desaparecidos.
Sin embargo, desde los primeros días y hasta la fecha, el gobierno federal no ha sido capaz de convencer a la ciudadanía de la veracidad de lo que Murillo llamó la verdad histórica del caso, afirma el diario La Jornada en su editorial
Según la PGR, los 43 normalistas desaparecidos fueron ejecutados y sus cuerpos, incinerados en una pira funeraria en el basurero municipal de Cocula.
Por su parte, la sociedad ha encontrado en la barbarie de Iguala y en el agravio permanente de la ausencia de los 43 desaparecidos un emblema de los incontables abusos, atropellos y omisiones de la autoridad y un símbolo de la violencia delictiva, policial y militar que se ha abatido sobre diversos sectores de la población desde hace casi una década, subraya el texto.
Si bien el movimiento gestado y articulado en torno a los padres y compañeros de los normalistas asesinados y desaparecidos ha dado señales de cansancio, entendible después de siete meses de movilizaciones, parece ingenuo suponer que es posible restaurar la normalidad y la plena gobernabilidad si no se establece por qué fueron asesinados, si no se esclarecen las razones por las cuales la pesquisa ha quedado empantanada entre versiones contradictorias.
En tanto el gobierno federal no cumpla con esos requerimientos -fundados, por lo demás, en la legalidad- la herida seguirá abierta, concluye La Jornada.