Con la participación de legisladores, funcionarios públicos y académicos dio inicio en el Senado de la República la Semana de la Seguridad Social, cuyo objetivo es valorar las experiencias de los sistemas de pensiones de países como Chile, Argentina, Uruguay, Colombia y México.
En la inauguración del encuentro, el presidente de la Cámara de Senadores, Miguel Barbosa Huerta, consideró que la seguridad social es un derecho humano inalienable y que es obligación del Estado mexicano garantizar su ejercicio a los ciudadanos.
Reiteró que el Estado tiene el propósito de proteger a la sociedad y en este sentido hizo un llamado a los poderes Ejecutivo y Legislativo para construir “el mejor andamiaje” en la materia, pero sin una política recaudatoria eficaz no se podrán atender esos requerimientos.
Barbosa Huerta recordó que la pensión de retiro es uno de los temas que se ha mencionado como factor de quiebra de las finanzas públicas nacionales y, en caso de que se analice, se tendrá que revisar ¿a dónde está el dinero de los trabajadores que ha sido guardado? ¿Cómo se ha utilizado?
El legislador del Partido de la Revolución Democrática dijo que “no se trata de un asunto de falta de voluntad”, sino de un tema estructural que hay que atender de manera integral, sin populismos y sin simulación.
Por su parte, el senador Fernando Enrique Mayans Canabal, consideró que la defensa y fortalecimiento de la seguridad social y de sus instituciones es fundamental para la estabilidad del país y para la distribución de la riqueza.
Dijo que un estudio de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM), alerta sobre el riesgo de que, en América Latina, entre 63 y 83 millones de personas carezcan de pensión, pues sólo 45 por ciento de los trabajadores aportan recursos para su retiro.
Desde la década de los 90, afirmó el presidente de la Comisión de Seguridad Social, el BM y el BID recomendaron a los países reformar sus antiguos sistemas de pensiones públicos, a fin de atender problemas de “baja cobertura de la fuerza laboral y de pensiones en la vejez”.
Sin embargo, entre los mayores riesgos que enfrentan estas reformas son su baja cobertura, que la mayoría de trabajadores no alcanzará a financiar su pensión ni la de sus familiares sobrevivientes; los altos costos de administración e inversión de los fondos y de las pensiones; y la mayor desigualdad para empleados menos calificados y mujeres trabajadoras.
Estas advertencias, agregó, han llevado a algunos países a emprender procesos de revisión de sus reformas, pero en México, aunque es urgente dicha evaluación se encuentra pendiente, por lo que propuso integrar un grupo de expertos para elaborar un diagnóstico serio y responsable sobre el sistema de pensiones y el enfoque de los cambios que se requieren.
La senadora María Elena Barrera Tapia, del Partido Verde Ecologista de México, señaló que el foro es una oportunidad para delinear políticas públicas y adecuaciones a la Ley para mejorar la situación del sistema de seguridad social, que es un derecho reconocido en la Constitución, por ello hizo un llamado a fortalecer los lazos institucionales para mejorar las condiciones del sistema de seguridad social.
El sistema, añadió, es un amortiguador para la crisis, un catalizador del desempeño económico y un elemento esencial para combatir la pobreza. Mejorar la seguridad social es simple y sencillamente mejorar la calidad de vida directa de la población, sostuvo.
El secretario de Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, explicó que el país enfrenta desafíos importantes para atender poco más de 36 millones de adultos mayores que, se estima, habrá a mediados de siglo, según el Consejo Nacional de Población, pues el bono demográfico genera mayor complejidad en el sistema de pensiones ante el ingreso de 800 mil jóvenes por año al mercado laboral.
Aunado a lo anterior, se requiere afrontar las presiones económicas que generará el aumento de enfermedades crónico-degenerativas e infecto-contagiosas –estas últimas serán la principal causa de mortalidad–; y finalmente se debe prever el diseño de políticas públicas para aplicarlas a largo plazo, sin que interfiera la alternancia en el gobierno.
Por otra parte, se pronunció por elevar el salario a través de la formalización del trabajo ya que aumentarlo “por decreto” y establecer una cantidad como línea de bienestar podría generar factores inflacionarios y diversas situaciones contraproducentes para los empleadores.
Por ello, dijo, se debe revertir la tendencia de la informalidad y elevar la proporción de trabajadores formales, como el mejor camino para fortalecer en el largo plazo los sistemas de pensiones.
Agregó que las reformas hechas por el Congreso en materia de seguridad social han ayudado a reducir la informalidad y a elevar la productividad en un 1.4 por ciento, lo que ayudó a revertir la tendencia a la baja en este rubro, que mide el Foro Económico Mundial, y que se mantuvo durante los últimos 20 años.
El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, aseguró que el pago de las pensiones, para pensionados y jubilados de este organismo, están financiera y jurídicamente garantizadas.
Más allá de procesos coyunturales de naturaleza económica, expresó, se “puede decir con toda responsabilidad que sus pensiones están garantizadas”.
Lerdo de Tejada dijo que el análisis de las pensiones y la seguridad social tiene que ser integral: “sí dar la batalla por mayores recursos, por la certeza jurídica y económica”, pero desde el punto de vista de la integralidad en los servicios de atención a los jubilados.
El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), José Antonio González Anaya, señaló que además de las instituciones que brindan atención médica, el sistema de pensiones es un eje fundamental para garantizar una mejor calidad de vida de las personas, por lo que debe planearse y dirigirse de manera responsable, principalmente en sus finanzas.
Expresó su beneplácito por la realización de foros encaminados a adoptar propuestas que lleven a delimitar políticas públicas y modificaciones que fortalezcan los lazos institucionales, que deriven en mejorar la situación del sistema de protección social.
A su vez, el secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, Juan Lozano, dijo que hay apertura del gobierno para escuchar las demandas de la sociedad, la cual se muestra cada vez más activa al exigir mayor protección social y de mejor calidad.
Hans Mathieu, representante de la Fundación Friedrich Ebert México, destacó que el sistema de pensiones de México tiene dos problemas fundamentales: la cobertura y la informalidad laboral, que representa casi el 60 por ciento en el mercado de trabajo.