Por tercera vez en una semana el Gobierno del Distrito Federal se negó a ejercer la ley en contra de los servicios de transporte que operan sin concesión, pese a que en conferencia de prensa este pasado miércoles, el secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Rufino León Tovar, junto con Juan José García Ochoa, subsecretario de Gobierno, hicieran público el compromiso de hacer valer la ley.
Los representantes de los Taxistas Organizados de la Ciudad de México, Ignacio Rodríguez y Daniel Medina, cuestionaron “la credibilidad de un gobierno que acepta abiertamente la comisión del delito que cometen UBER, CABIFY y los más de 30 mil vehículos piratas con cromática oficial y se niega a aplicar la ley”, reprocharon en un comunicado.
De igual manera, Medina pidió al secretario Rufino León Tovar o a Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno “expliquen a la ciudad ¿qué intereses de grupo y económicos están atendiendo, por encima del interés general que marca la ley?”.
Las cabecillas de los taxistas señalaron que solamente en una ciudad como la de México se puede ver claramente que la defensa de intereses económicos y políticos de particulares pesan más que la justicia al grado de caer en contradicciones dentro del propio gobierno.
“Hay un compromiso del Gobierno de la Ciudad por aplicar la ley, lo vamos a hacer sin resquemor alguno. Vamos a hacer operativos, vamos a atacar no solo estas aplicaciones, no solo estas dos empresas, vamos a atacar todo taxi irregular en la ciudad y vamos a aplicar la ley en toda la ciudad sin distingo alguno”, anunció en conferencia León Tovar.
Sin embargo, pocas horas después de estas afirmaciones, el Gobierno del Distrito Federal invalidó a través de un comunicado la decisión del titular de la SEMOVI.
“Si las palabras y compromisos contraídos por los servidores públicos no tienen validez para el jefe de Gobierno; si quienes pueden actuar al margen de la ley con total impunidad y son defendidos por Miguel Ángel Mancera, como podíamos creer y confiar en un gobierno que obedece a intereses económicos y políticos de particulares”, concluyeron los representantes de los taxistas.