No trato de describir el futuro. Trato de prevenirlo
Ray Bradbury
Por Julian Santiesteban
El gobierno de Enrique Peña Nieto se ha propuesto reparar en lo que resta de la administración unas 50 mil escuelas, del total de más de 240 mil que existen en todo el país, disponiendo para ello de 50 mil millones de pesos, vía bonos de la Bolsa Mexicana de Valores, endeudando con esa determinación a las próximas tres administraciones federales, aun y cuando en su discurso de tercer informe de gestión, el compromiso fue no endeudar más al gobierno.
El mandatario federal, no sólo no cumpliría su compromiso de no endeudar su gobierno, que concluye en 2018, sino que las siguientes tres administraciones federales tendrán que pagar la deuda generada por los bonos de infraestructura que se pretenden emitir; y eso ni siquiera es lo más grave, sino que con los recursos obtenidos se reparará apenas una quinta parte del total de escuelas de educación básica de México, pero el resto quedaría sin posibilidad de mejorar su infraestructura, pues los bonos son para pagarse a veinte años.
Por partes, el presidente Peña Nieto aseveró en el discurso de su tercer informe de gobierno, pronunciado el miércoles 02 de septiembre en Palacio Nacional, que “ante la reducción de ingresos petroleros, no vamos ni a aumentar impuestos, ni a endeudar al país”, por lo que para enfrentar la caída en los ingresos es momento de generar confianza en la hacienda pública, recalcando que lo que hará el gobierno federal es “gastar menos y gastar mejor.”
Peña Nieto presentó además un decálogo de acciones a desarrollar en la segunda mitad de su gobierno, entre los que se encuentra poner “en marcha, la mayor renovación de infraestructura educativa, en las últimas décadas”, para lo cual se emitirán bonos de infraestructura educativa en la Bolsa Mexicana de Valores, por un total de 50 mil millones de pesos, a un plazo de veinte años.
Y es aquí en donde se encuentra una evidente contradicción discursiva, pues los bonos son una deuda, aunque no con entidades financieras, sino con quienes los compren, y básicamente se respaldan con los ingresos que el gobierno determine, falta entonces que el gobierno explique cuál será el respaldo específico de esos bonos, cuya distribución será básicamente de un millón de pesos a cada escuela beneficiada: cincuenta mil millones de pesos, cincuenta mil escuelas beneficiadas.
La medida anunciada por el presidente Peña Nieto es novedosa en el país, pero es una medida común en países como Estados Unidos, con la diferencia que en el vecino país la medida de manera tradicional se somete a la aprobación de la población en los distritos en los que se aplica, precedido de una amplia explicación sobre las acciones específicas a realizar en las escuelas a beneficiarse, los plazos del endeudamiento y los recursos totales que se deberán pagar por los bonos emitidos. Pequeña diferencia con México.
CON TRASPARENCIA Y APLICACIÓN ADECUADA DE RECURSOS, NO SERÍAN NECESARIOS LOS BONOS
En A Tiro de Piedra señalamos con anterioridad que el gobierno de Enrique Peña Nieto no ha explicado el destino de unos 25 mil millones de pesos que se recaudaron por el impuesto aplicado a los refrescos embotellados, y cuyo fundamento está en la modificación aprobada a los artículos 7, 11 y 19 de la Ley General de Infraestructura Educativa, y publicada el 07 de mayo de 2014.
El Congreso federal aprobó este gravamen, aplicado a razón de un peso por cada litro de refresco que se vende, con el argumento de que su aplicación ayudaría a abatir la obesidad infantil, al aplicar los recursos generados para la construcción de bebederos en escuelas de nivel básico, pero aun cuando los recursos se recaudaron, el programa simplemente no ha sido llevado a cabo.
Luis Manuel Encarnación, director de Fundación Mídete, señaló desde el año anterior que los ingresos generados por el impuesto a los refrescos durante 2014 fueron 12 mil 400 millones de pesos y para el 2015, se calcula que llegará a 18 mil 271 millones de pesos, para un total de 30 mil 671 millones de pesos. Por lo anterior a estas fechas ya se habrían generado unos 25 mil millones de pesos, y considerando que el programa de bebederos no se ha realizado, y por los montos recaudados, se observa que la modificación de infraestructura escolar puede ser cubierta con dichos recursos, sin tener que recurrir al endeudamiento de las tres administraciones federales subsecuentes a la de Enrique Peña Nieto, pero la opacidad es lo que priva a nivel federal.
¿Y EL FUTURO?
Queda claro entonces que, en el resto de la administración de Peña Nieto se modificará una quinta parte de las escuelas del país, pero de bote pronto se infiere también que las siguientes tres administraciones no tendrán recursos, o dispondrán de muchos menos de los que actualmente se tienen para mantener y modificar la infraestructura escolar, y eso en términos llanos es hipotecar el futuro, intentando salvar la imagen de la actual gestión federal; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.
POSDATA. Con la reingeniería administrativa de Quintana Roo en 2012 se determinó la desaparición de la Secretaría de Cultura para integrarla, a nivel de Subsecretaría, a la Secretaría de Educación estatal. Habrá que ver si con la creación de la Secretaría de Cultura a nivel nacional, -anunciada también por el presidente Peña Nieto en su Tercer Informe-, se determina ahora desvincular esta área y convertirla en la representación estatal del órgano federal por crearse o simplemente se alinean las políticas públicas, porque el compromiso es no generar mayor burocracia. Al tiempo.