París, 28 nov (PL) Durante los 15 días transcurridos desde los atentados en esta capital, la policía efectuó más de mil 800 registros sin orden judicial, lo cual es posible por el estado de emergencia vigente en el país.
Además, unas 200 personas fueron puestas bajo custodia mientras que se indicaron 305 arrestos domiciliarios, precisó el primer ministro galo, Manuel Valls, citado hoy por medios locales de prensa.
El gobierno subrayó que está abierto a una nueva prolongación del estado de emergencia, cuya extensión a tres meses fue recientemente aprobada por el Parlamento.
Si pasado ese tiempo, las informaciones de las que disponemos con relación a la amenaza terrorista son las de hoy, reuniremos a los legisladores para efectuar otra ampliación de dicha herramienta, subrayó el ministro del Interior, Bernard Cazeneuve.
El Parlamento aprobó el 20 de noviembre un proyecto de ley para prolongar a tres meses el estado de emergencia, desde los 12 días estipulados.
De esa forma, las fuerzas del orden pueden poner bajo arresto domiciliario a todo aquel cuya conducta consideren que constituye una amenaza, lo cual permite incluir a individuos sospechosos por sus comportamientos o sus compañías, palabras o proyectos, según la información divulgada.
También contempla prohibir a la persona bajo dicho tipo de detención entrar en contacto directo o indirecto con otras sospechosas de preparar actos que atenten contra el orden público.
El estado de emergencia permite realizar registros a cualquier hora del día o de la noche sin orden judicial. El proyecto de ley excluye allanamientos a locales en los que se ejerza mandato parlamentario o actividad profesional de abogados o periodistas.
Las autoridades galas informaron al secretario general del Consejo de Europa, Thorbjorn Jagland, que Francia incumplirá la Convención Europea de Derechos Humanos, debido al estado de emergencia decretado en el país tras los atentados.
Al precisar una serie de medidas adoptadas, señalaron que las mismas son susceptibles de requerir una derogación de ciertos derechos garantizados por la Convención.