El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se adhirió a la campaña internacional He for She de la Organización de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres).
Constancio Carrasco Daza, magistrado presidente del TEPJF y Ana Güezmes García, representante de ONU Mujeres en México, encabezaron la ceremonia de adhesión de los magistrados electorales de la Sala Superior al movimiento solidario para la igualdad de género.
En el acto, realizado en el auditorio José Luis de la Peza de este órgano jurisdiccional, y al que también asistieron los magistrados María del Carmen Alanis, Manuel González Oropeza y Pedro Esteban Penagos López, se reafirmó el compromiso por una sociedad igualitaria como base de una sociedad de derechos.
De acuerdo un comunicado, Carrasco Daza, explicó que en el orden estrictamente jurisdiccional, en México, la participación de las mujeres en política obliga a los partidos dar cabida efectiva en el ejercicio pleno de sus derechos de votar y ser votadas a cargos de elección popular.
Precisó que el proyecto He for she pone el acento en concienciar a toda la sociedad, en que la erradicación de toda forma de violencia y discriminación contra las mujeres no es una asignatura que corresponda sólo a ese sector. Sin duda, impone una conciencia y vocación integral.
La perspectiva igualitaria se incluyó en la reforma constitucional, al garantizar el principio de paridad de género en las candidaturas a diputaciones federales y locales.
La línea jurisprudencial del Tribunal Electoral se fortaleció a través del principio de igualdad horizontal y vertical; vertiente fundamental en las candidaturas a los cargos en los ayuntamientos, pues en el país existen dos mil 457 que constituyen el corazón de la organización administrativa y política en México.
Constancio Carrasco expresó que existe un aspecto en el cual la discriminación contra la mujer adquiere su faceta más cruel: la falta de readaptación social de las reclusas, ya sea por prisión preventiva o por la compurgación de penas, ámbito de la vida social que hoy impone la implementación de una irrenunciable garantía a su favor por todas las autoridades del Estado.
Dijo que en el Tribunal Electoral se cincela, a través de la jurisprudencia al reconocimiento de los derechos políticos de personas privadas preventivamente de la libertad, pero únicamente se consolidó en casos aislados que llegan al tribunal.
Por lo que, abundó, la situación de desigualdad se mantiene, pues aquellas mujeres que se encuentran en prisión, pero no ejercen el juicio para la protección de derechos políticos de los ciudadanos, son afectadas en la medida que no se logran tutelar estos, particularmente, el de votar.
A su vez, Ana Güezmes, hizo un reconocimiento a la ampliación de los derechos de las mujeres en los marcos jurídicos, lo que se llama “igualdad ante la ley. Ha reducido la brecha. Muchos países han convertido la violencia contra mujeres en delito, esas son buenas noticias”.
“Se tiene que llegar a 2030 con un planeta 50-50, ampliando oportunidades y aumentando la participación en todos los procesos de desarrollo”, resaltó.
Finalmente, destacó que “todos los países en América Latina y El Caribe han ratificado la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres y han sido pioneros en adoptar la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres”.