Madrid, 29 dic (PL) El gobierno español en funciones aprobará hoy una subida de uno por ciento del salario mínimo para 2016, que fue calificada de injusta e irrisoria por sindicatos y partidos políticos.
La administración del jefe del ejecutivo saliente Mariano Rajoy dará luz verde a esa impopular medida en la última reunión del Consejo de Ministros del año y la primera tras las elecciones generales del 20 diciembre, que dejaron un parlamento muy fragmentado.
En un comunicado, el secretario de Economía y Empleo de Izquierda Unida (IU), José García, tachó de injusta la oferta del gobierno de aumentar en ese porcentaje el salario mínimo interprofesional (SMI), de 648,60 euros en la actualidad.
El ejecutivo del derechista Partido Popular (PP) comunicó la semana pasada por escrito a las dos centrales sindicales mayoritarias su propuesta de incrementar el SMI, con lo que se situaría en 655,08 euros el venidero año.
Esa subida es muy inferior a las pretensiones de la Unión General de Trabajadores (UGT) y la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CC.OO.), que pidieron un alza del salario mínimo de 11 por ciento en 2016 (hasta 720 euros) y un porcentaje similar en 2017 (hasta 800 euros).
Ambos sindicatos explicaron que con esos ascensos el sueldo mínimo se acercaría al 60 por ciento del salario medio neto, tal y como recomienda la Carta Social Europea suscrita por España.
Subrayaron que el proyectado incremento no permite recuperar el poder adquisitivo y no es coherente con un escenario de recuperación económica, como sostiene el PP.
CC.OO. y la UGT señalaron que la decisión unilateral del gobierno es una burla inaceptable en una sociedad democrática, pues reduce la consulta obligada a un mero trámite.
Denunciaron que a la hora de fijar el salario incumplió la obligatoriedad de realizar consultas previas con los agentes sociales.
Las centrales obreras alertaron que si el Palacio de la Moncloa, sede del poder central, sigue adelante con esta decisión unilateral la denunciarán ante la Organización Internacional del Trabajo por vulnerar los derechos laborales.
A su juicio, la propuesta perpetúa la política de austeridad y devaluación salarial y traslada al SMI una continúa pérdida en el poder de compra, consecuencia tanto de su recorte nominal como de la subida de los precios de los bienes y servicios.