Control de armas en EE.UU.: complejidades e incertidumbres

La Habana, 6 ene (PL) Las recientes acciones ejecutivas del presidente Barack Obama sobre el control de las armas pusieron este complejo tema en el centro de la campaña para las elecciones de noviembre próximo, a pocas semanas de las primarias partidistas.
La decisión, que provocó cierta dosis de incertidumbre en la opinión pública, puede tener efectos impredecibles, pues los estadounidenses apoyan de forma abrumadora la realización de chequeos de antecedentes a los compradores de armas y algunas provisiones similares, pero están divididos sobre la implementación de leyes que restrinjan sus derechos a portarlas.
El paquete de medidas contra la violencia armada puso a prueba la capacidad del gobernante para tomar iniciativas controversiales, y desató de inmediato la reacción negativa del liderazgo republicano y en particular de los principales aspirantes del partido rojo a la jefatura de la Casa Blanca.
Al respecto, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, acusó al Presidente de subvertir el orden legislativo e ignorar la voluntad de los miembros del Capitolio.
El multimillonario y aspirante a la presidencia Donald Trump, que lidera las intenciones de votos entre los republicanos, prometió que revocará la medida de inmediato, si llega a la Oficina Oval.
Su correligionario el senador Ted Cruz, prometió «luchar contra las acciones ejecutivas inconstitucionales» de Obama, mientras otro de los precandidatos por el partido rojo, el senador por Florida Marco Rubio, aseguró que el Presidente está obsesionado con minar los derechos constitucionales.
Más agudo fue el diario The Washington Times, que en un artículo publicado este miércoles señala que fueron lágrimas de cocodrilo las que mostró Obama ayer al anunciar las medidas, emocionado ante la gravedad del asunto.
Por su parte, el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, señaló a la cadena Fox News que las provisiones son ilegales y calificó al mandatario de monarca y dictador.
El diario The New York Times ridiculizó las reacciones exageradas del partido rojo al señalar que «podríamos pensar que Obama declaró la ley marcial y sacó los tanques a las calles» cuando leemos las declaraciones de los republicanos.
Valeri Jarret, asesora del mandatario, salió al paso a las críticas y dijo que Obama actuará dentro de sus facultades constitucionales.
El plan del jefe del Ejecutivo contra la recurrente violencia armada que cobra la vida de unos 90 estadounidenses diariamente como promedio, incluye una decena de provisiones independientes sobre el tema, que no requieren el aval legislativo.
Aunque especialistas lo califican de limitado y muy por debajo de lo que el Presidente aspiraba desde 2013, el paquete obliga a los vendedores de armamentos que realizan las transacciones por Internet y en los mercados informales y las ferias, a tener licencia y revisar los antecedentes a los posibles compradores.
Sin embargo, el propio gobernante reconoció que este programa no resolverá el problema de los crímenes violentos en este país.
La realidad es que en la mayoría de los tiroteos más recientes, los autores utilizaron armamentos adquiridos de forma legal o que tomaron de alguien que las compró siguiendo las normas vigentes.
Tal fue el caso en el ataque del 2 de diciembre de 2015 en San Bernardino, California, donde murieron 14 personas y cuyos autores utilizaron, según las autoridades, armas que les proporcionó un vecino que las compró de forma legal a un vendedor con licencia federal.
Tras la masacre en una escuela de Newtown, Connecticut, el 14 de diciembre de 2012 Obama intentó involucrar al Congreso en esta contienda contra la violencia, pero la oposición republicana bloqueó sus esfuerzos.
Otro obstáculo que el jefe de la Casa Blanca no pudo vencer, y que al parecer ahora se repetirá, fue la actuación de la influyente Asociación Nacional del Rifle que ahora prometió impugnar en los tribunales las decisiones del gobernante en esta esfera.
Algunos escépticos señalan que al no contar con la aprobación del Congreso, estas medidas son frágiles desde el punto de vista legal, porque su carácter de acciones ejecutivas las hacen susceptibles a que el próximo mandatario, que asumiría el cargo en enero de 2017, puede echarlas por tierra.