Londres, 10 ene (PL) El primer ministro británico, David Cameron, mostró hoy su confianza en lograr un acuerdo con la Unión Europea (UE) para introducir reformas que faciliten la permanencia de Reino Unido en el bloque regional.
En entrevista con la cadena de noticias BBC, el jefe de Gobierno aseveró que la mejor solución para el país es quedarse en una UE reformada y agregó tener esperanzas de alcanzar un pacto en el Consejo Europeo de febrero.
Antes de que termine el 2017, el Ejecutivo británico tiene previsto realizar un referendo sobre la posibilidad de abandonar el grupo de los 28, pero antes Cameron lleva a cabo negociaciones para promover cambios que permitan la permanencia.
De acuerdo con el político conservador, si el trato con la UE resulta favorable, podría convocar el plebiscito para mediados de este año, pero de lo contrario deberá aplazarse unos meses más.
El gobernante aclaró que pase lo que pase en los diálogos con el bloque regional, la última palabra la tendrá la ciudadanía en la consulta.
«No creo que salir sea la decisión correcta», sostuvo, pero agregó que «si esa fuera la respuesta de la gente, debemos hacer todo lo necesario para que se haga realidad».
Una encuesta revelada esta semana mostró que el 43 por ciento de los británicos prefiere abandonar la UE, un 36 quiere permanecer, mientras el 21 permanece indeciso.
Los países de la organización regional apoyan en general la mayor parte de las demandas británicas de reforma, pero una en específico despierta un amplio rechazo pues se refiere a restringir el acceso a beneficios sociales por parte de los inmigrantes procedentes de otras naciones del bloque.
La medida, que busca disminuir la entrada de foráneos, va contra el principio de libre movilidad defendido como un pilar fundamental de la UE.
Hace pocos días Cameron visitó Hungría para recabar apoyos y allí el primer ministro, Viktor Orban, mostró su desacuerdo con las aspiraciones británicas.
Orban defendió que los húngaros van a territorio inglés para trabajar y no son parásitos, por lo que rechaza una disminución de sus derechos.
Posturas similares asumen la mayor parte de los estados de la UE, por lo que las negociaciones en el Consejo Europeo de febrero se auguran complejas y los resultados inciertos.