La participación política de las mujeres en México ha tenido, sin duda, avances significativos, pero garantizar la paridad de género en la asignación de candidaturas ha ocasionado contradicciones en la actuación de las autoridades electorales. Aun así esos yerros no han sido combatidos por sectores femeninos del país, como si esperasen que la ampliación de sus espacios de participación pública ocurriera “por decreto”, y no por una lucha y preparación constante.
Hoy lunes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) presentará en su sede nacional el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, documento que establece conceptos y deberes generales de las autoridades, para garantizar la participación política de las mujeres y evitar cualquier tipo de acto que imposibilite el ejercicio de sus derechos políticos.
El protocolo deberá aclarar confusiones generadas por acuerdos como el 63/2016 aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) que emitía “criterios generales a efecto de garantizar el cumplimiento al principio de paridad de género en la postulación de candidaturas para todos los cargos de elección popular a nivel local”, mismo que fuera revocado apenas el jueves de la semana anterior también por parte del TEPJF, por ser invasivo de las competencias y vulnerar la libre configuración legislativa de las entidades en materia de paridad de género.
Y es que el INE pretendió establecer dichos criterios sin considerar la dinámica local de cada una de las entidades, cometiendo evidentes excesos que; sin embargo, han quedado ya invalidados, pero ante estas determinaciones, pocas o ninguna reacción ha habido por parte de organizaciones civiles o mujeres políticas del país, ni siquiera en las doce entidades en las que en 2016 se renovarán gubernaturas presidencias municipales o diputaciones locales. Tal pareciera que los beneficios legales se espera lleguen gracias a la normatividad.
No se desdeña la lucha que por décadas han tenido organizaciones civiles por ampliar la participación política de las féminas, pero en las recientes modificaciones normativas han estado ausentes, por decir lo menos, del debate nacional; pues aunque nacionalmente hicieron reconocimientos públicos a la iniciativa que en octubre de 2013 presentara el presidente Enrique Peña Nieto, para que el 50 por ciento de las candidaturas a diputaciones federales y senadurías fueran entregadas a mujeres, modificando el extinto Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe); en entidades como Quintana Roo, donde la determinación del Legislativo no contempló la paridad “horizontal”, todas las diputadas estatales guardaron silencio. Será cuestión de obediencia.
Ojalá que con el documento que presente hoy el Tribunal Electoral federal queden clarificados pues los beneficios que las mujeres tendrán en cuanto a paridad, o por lo menos las acciones mínimas que las entidades del sector público deberán garantizar para hacer efectivas para que las féminas tengan mayor garantía de su acceso al poder; aunque no sea por capacidades competitivas.
COLOFÓN
A propósito de la revocación del acuerdo del INE, cabe decir que las posibilidades de ser alcalde se abrieron –en apariencia- para el diputado presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, Pedro Flota Alcocer, pero su decisión de permanecer en el Legislativo había sido tomada, por ello no renunció al cargo. Esa congruencia faltó a 22 de los 25 diputados locales, quienes sin recato abandonaron el cargo. El Legislativo quintanarroense navegará el resto de la legislatura de “muertito”, sin relevancia y con suplentes –los que se quedaron- que “levantan el dedo” trabajosamente, hasta para pasar lista; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima. Sígame en Twitter @julianisaac77