Senadores del PRD y representantes de organizaciones sociales solicitarán a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) promover una acción de inconstitucional ante la Corte para revocar la Ley que regular el uso de la fuerza pública en el Estado de México, presentada por el gobernador Eruviel Ávila y aprobada por el Congreso estatal.
Los legisladores Alejandro Encinas Rodríguez y Luis Sánchez Jiménez coincidieron en que la denominada “Ley Atenco” criminaliza y reprime las manifestaciones instaurando un régimen autoritario, por lo que calificaron al gobierno del Estado de México como un laboratorio para legitimar intervenciones represivas ante protestas sociales.
Encinas Rodríguez argumentó que en la ley reglamentaria del artículo 29 Constitucional se establecen los mecanismos de suspensión de las garantías y el estado de excepción, conculcando los derechos de las niñas, los niños y adolecentes o incluso el derecho de familias.
Con este instrumento legal -enfatizó- se plantea el sacrificio temporal de los derechos de la manifestación, asociación, circulación, libertad de expresión, patrimonial, de crédito y de autor, además se faculta a las autoridades de seguridad pública a utilizar de manera discrecional el uso de la fuerza, incluyendo armas letales.
El senador Luis Sánchez refirió que en el artículo 12 se permite el uso de la fuerza cuando haya resistencia agresiva, permitiendo que los elementos policiacos califiquen el riesgo de las acciones o movimientos, mientras que en el artículo 8 no se define cuáles son los delitos graves.
Felíx Hernández Gamundís de la organización Por México Hoy exigió una revisión cuidadosa de la Ley por organismos y especialistas en derechos humanos para reducir los niveles de discrecionalidad, definir las obligaciones del Estado y la temporalidad de suspensión de garantías
En tanto, el Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas solicitó al Congreso Estatal interponer un recurso de inconstitucionalidad en contra de su propia Ley a fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine su legalidad, sin embargo los legisladores locales del PRD, Morena y PAN avalaron su revisión por considerar graves violaciones a los derechos humanos.