No hay cifras oficiales sobre desplazados por la violencia en México

México, 11 jun (PL) Las autoridades mexicanas carecen de cifras oficiales sobre los desplazados internos por la violencia, pero suman miles según reportes divulgados aquí.
Por las brechas, caminos y carreteras pueden observarse en caravanas o a cuentagotas con lo más elemental de sus enseres. Existe la presunción de que muchos conforman los cinturones de miseria en las capitales de los Estados y en las urbes. Son los desplazados forzados internos, suscribe el diario El Sol de México.
Subraya que provienen de comunidades fantasmas y señala que México no cuenta con un censo en la materia. Tampoco hay un diagnóstico, ni políticas públicas para atenderlos y mucho menos programas.
La empresa Parametría en 2011 (durante la llamada guerra del presidente Felipe Calderón) registró la existencia de un millón 648 mil 387 víctimas de Desplazamiento Forzado Interno (DFI), en su trabajo «México y sus Desplazados».
En 2012, la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados (Acnur) señaló el desplazamiento interno de 1,6 millones de personas desde 2007 debido a la violencia desatada por los carteles de la droga y la respuesta militar del gobierno.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en su Agenda Nacional de Derechos Humanos, reportó en 2013 el número de 110 mil personas desplazadas, aunque en los últimos dos años (2012-2013) se habían sumada otras 24 mil.
A ello se debían añadir los 20 mil que reconoció el gobierno de Chiapas, lo que hace un total aproximado de 150 mil víctimas de DFI.
Para 2015, el poder ejecutivo federal, en su Programa Nacional de Atención a Víctimas 2014-2018, retomó la cifra de 150 mil personas, al citar a la Agenda Nacional de Derechos Humanos de la CNDH.
El Centro de Vigilancia de los Desplazamientos Internos destaca que, con frecuencia, las cifras solo reflejan a las personas que viven en campamentos, cuando el 60 por ciento de los desplazados se encuentran dispersos en otros lugares y con familias de acogida, y a menudo no se les computa oficialmente, según la CNDH.
«Este ocultamiento del fenómeno acarrea una doble victimización de quienes lo padecen, pues la acción estatal se demora o simplemente no llega, a pesar de las necesidades apremiantes de la población afectada», subraya.