Paraísos fiscales: el dilema entre la legalidad y la ética

Quito, 14 jun (PL) Los Papeles de Panamá, que pusieron al descubierto a empresarios, políticos y figuras de renombre internacional que prefieren mantener sus capitales en paraísos fiscales, también destaparon el dilema entre lo legal y lo ético.
Según el diccionario, legal es todo lo que está permitido o regulado por leyes, y ético es lo que se debe o es correcto hacer, pero esa delgada línea que parece separar a ambos conceptos se agiganta cuando se traduce en miles de millones de dólares que salen de un país a engrosar las cuentas de empresas fantasmas.
En este caso, Ecuador no es la excepción, pues según fuentes del Servicio de Rentas Internas (SRI) citadas por el diario público El Telégrafo, tan solo en los últimos dos años salieron de la nación suramericana tres mil 379 millones de dólares.
Esa cifra, afirma la publicación, equivale al tres por ciento del Producto Interno Bruto de Ecuador, cuya economía estaría urgida ahora más que nunca de esos fondos para contrarrestar o paliar los efectos de la caída de los precios del petróleo y de la apreciación del dólar estadounidense.
De acuerdo con el director del SRI, Leonardo Orlando, el método utilizado es perfectamente legal, pues algunos consorcios locales se aprovechan de los beneficios que otorgan los acuerdos suscritos por el gobierno con otros países para evitar la doble tributación.
Para ello realizan una triangulación empresarial mediante la contratación de servicios, y es aquí, afirma el funcionario, donde intervienen estudios jurídicos como Mossack Fonseca, para crear las llamadas sociedades offshore o de papel.
Aunque a simple vista se trata de una operación perfectamente legal, lo cuestionable es que el objetivo principal es evadir el pago de impuestos en el país de origen, en este caso Ecuador.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, considera, por su parte, que puede que sea legal invertir las riquezas personales en esos paraísos fiscales, pero no cabe dudas de que se trata de algo inmoral.
Hay que inaugurar la decencia y la coherencia en el país, aseguró días atrás el mandatario, quien el 24 de mayo pasado, durante la presentación de su informe anua a la nación, propuso un pacto ético a todos sus conciudadanos para rechazar a los candidatos electorales que mantienen su dinero fuera de Ecuador.
Correa, quien no descarta tampoco aprovechar las elecciones generales de febrero de 2017 para hacer una consulta popular sobre el tema, también adelantó que en septiembre próximo llevará una propuesta a la Asamblea General de Naciones Unidas para prohibir los paraísos fiscales, y para ello recabará el apoyo del Grupo de los 77, entre otros bloques.
Si la globalización capitalista tiene algo de ética debería crear una institucionalidad mundial para prohibir los paraísos fiscales, aseveró el líder ecuatoriano, quien recientemente se convirtió en el primer jefe de Estado en firmar una petición en ese sentido que está circulando la organización internacional Oxfam.
En el caso particular de Ecuador, aunque los diarios opositores solo hicieron hincapié en algunos nombres vinculados al gobierno, El Telégrafo afirma que al menos 40 empresas ecuatorianas realizaron transferencias de pago a Mossack Fonseca y a otras cuatro firmas panameñas dedicadas a crear sociedades offshore.
Entre los implicados en esas transacciones, estarían el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Pablo Arosemena Marriott; al vocero de movimiento opositor CREO, Aparicio Caicedo, y hasta los dueños de algunos de los medios de comunicación que publicaron los Panamá Papers.
La lista incluye también al exbanquero y actual precandidato presidencial por CREO, Guillermo Lasso, y al alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, quienes se escudan en la legalidad
de esas operaciones, pero al parecer desdeñan su aspecto ético.