México, 18 (PL) Comunidades indígenas mantienen detenidos proyectos de inversión energética que afectan al medio ambiente y sus derechos ancestrales a esos territorios, con varias suspensiones en vías de amparo concedidas en unos 15 juicios.
Entre los casos más relevantes está la construcción del megaparque de Eólica del Sur, en el Istmo de Tehuantepec, en el sureño estado de Oaxaca, con cuatro años de retraso al demostrar que se irrespetaron las leyes ambientales y los derechos humanos de pueblos originarios.
Otros dos parques hidroeléctricos interrumpidos por orden de jueces federales bajo los mismos conceptos de violación de derechos indígenas están ubicados en los estados de Veracruz y Puebla.
El argumento para la solicitud está sustentado en términos de derechos humanos en materia indígena, ambiental y agraria.
Un caso similar de este tipo de amparos es el que mantiene paralizadas las obras de la autopista Toluca-Naucalpan, a la que se opone la mayoría de los 15 mil habitantes de los dos poblados indígenas otomíes afectados.
José Antonio Lara, coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, junto a otros organismos no gubernamentales asesora legalmente a pobladores autóctonos de varios estados opuestos a proyectos de infraestructura energética y de comunicación terrestre.
De aquí a los próximos 15 años el tema de derechos indígenas va a ser el debate en muchos tribunales del país, aseguró.
Estarán en choque sus derechos, que son garantías colectivas e individuales, frente a los económicos de los empresarios y sus grandes inversiones, sobre todo energéticas, sostuvo Lara.
Explicó que los megaproyectos incluidos en la reforma energética impulsada en el país pasan sobre todo por territorios indígenas.
Antes de desarrollar cualquier proyecto de inversión energética, el gobierno federal y los inversionistas están obligados en términos del artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo a un proceso de consulta para recibir el aval de esas comunidades, concluyó.