EE.UU. y Panamá ¿Alianza o servidumbre?

Panamá, 21 jul (PL) Cuando parecían acallarse las voces contra las medidas extraterritoriales de Estados Unidos a 68 empresas panameñas, el Colegio Nacional de Abogados (CNA) retomó las críticas a la llamada Lista Clinton de colaboradores con el narcotráfico.
Los juristas hicieron el pasado martes el análisis de las sanciones de una oficina del Departamento del Tesoro estadounidense, en el foro que titularon «Lista Clinton, el peor atentado contra la justicia».
Pero no solo se quedaron en debates teóricos jurídico-nacionalistas, sino que el presidente del Colegio José Álvarez, anunció una marcha de abogados, jueces y magistrados el 28 de julio próximo hasta la Presidencia, y pedirán a la canciller Isabel de Saint Malo que encabece la lucha contra la lista discriminatoria.
El gobierno del presidente Juan Carlos Varela no asumió con energía su responsabilidad de defender la dignidad del país y proteger a sus ciudadanos del intervencionismo foráneo, opinó Álvarez según el diario La Estrella.
«¿Cómo es posible que un gobierno extranjero obligue a un nacional panameño a despojarse de sus bienes, sin que el gobierno lo defienda?, preguntó el abogado, en referencia a la renuncia hecha por el empresario Abdul Waked de compañías de su conglomerado comercial para salvar los empleos de los trabajadores.
«Hay que hablar de este tema, que es un problema jurídico y de dignidad nacional», dijo por su parte en el propio escenario, Luis Chen, presidente de la Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá, y acusó al gobierno nacional de «doblar la cerviz, como si fuésemos una colonia».
En mayo pasado, el embajador estadounidense en Panamá, John Feeley, repitió ante periodistas las acusaciones de su Gobierno de que Abdul y Nidal Waked «lideraron una organización que ha lavado dinero procedente del narcotráfico», a la cual denominaron «The Waked Money Laundering Organization» (Organización Waked de Lavado de Dinero).
Las empresas panameñas fueron incluidas en esa lista negra elaborada por la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros), entre ellas el Grupo Editorial El Siglo y La Estrella, (GESE), una de las tres empresas editoriales más importantes del país, la cual puede desaparecer por la única razón de que Abdul es su accionista.
«La soberanía reside en la nación y la nación es el conjunto de habitantes regidos por un mismo gobierno», señaló Eduardo Quirós, presidente de GESA y uno de los oradores invitados al foro del CNA, y se preguntó: «¿Cómo una norma que no ha sido dictada por los representantes de una nación independiente puede venir a regir a sus ciudadanos?».
Cuestionó la ausencia del Ministerio de Relaciones Exteriores en la comisión gubernamental creada en junio pasado para «proteger al país de los impactos directos e indirectos al sistema económico» de los efectos de la Lista Clinton.
«No solo se trata de proteger los empleos, también hay que proteger al país de medidas ilegales e intervencionistas de terceros países», dijo y recomendó la vía diplomática como la mejor forma de hacerlo.
La medida perjudicó a unos seis mil empleados, algunos de los cuales resolvieron su situación por el gesto del dueño implicado de deshacerse voluntariamente de sus propiedades, mientras otros dependen de las licencias de la OFAC y tienen un futuro incierto.
En múltiples y repentinas apariciones posteriores en los medios locales de prensa, el embajador Feeley flexibilizó su acusación, mientras rechazó críticas de «conductas imperiales» de diversos sectores panameños.
«Para formular cargos judiciales, nosotros tenemos que tener (sic), los fiscales tienen que tener una razón para creer la culpabilidad más allá que una duda razonable», y tal es el caso de Nidal Waked, detenido en Colombia, en espera de ser extraditado a Estados Unidos, aseguró en sus declaraciones.
Pero del otro implicado, el diplomático aseveró: «En el caso administrativo, solamente la Ley nos requiere de probar razón para creer; por eso precisamente el señor Abdul no está bajo ningún cargo judicial en Estados Unidos, pero sí bajo una sanción administrativa del Departamento del Tesoro, porque tenemos razón para creer».
Al justificar la acción, Feeley repitió en varias ocasiones que «tenemos el derecho de proteger nuestro sistema financiero del lavado de dinero», al tiempo que se presentó a la opinión pública nacional como «salvador» de los empleados al buscar soluciones mediatizadas como las licencias temporales y las ventas forzadas.
«Me enfrento a un sistema», fue la frase concluyente del empresario panameño de origen libanés Abdul Waked, en mayo pasado, durante la única entrevista concedida a un medio de prensa.