México, 12 ago (PL) A casi dos meses de los hechos violentos en Nochixtlán, Oaxaca, en el que perdieron la vida ocho personas y más de un centenar resultaron lesionadas, trascendieron hoy aquí detalles sobre las investigaciones.
La Procuraduría General de la República (PGR) no logró aún entrar a la localidad, reconoció en el Senado el subprocurador de la dependencia, Gilberto Higuera.
Explicó que un aspecto de la investigación prioritario es tener acceso a Nochixtlán, para estar en el lugar de los hechos, independientemente de que la PGR reúne las pruebas necesarias para saber lo que ahí ocurrió.
El subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, expuso que decomisaron 89 armas largas y cortas que portaron los 62 policías de tres corporaciones que participaron en el operativo.
Al carecer de denuncias de víctimas o testigos de lo ocurrido el pasado 19 de junio, en que ocurrió el enfrentamiento, la PGR invitó a estos a dar su testimonio.
Tras una reunión con la Comisión de Seguimiento a los Hechos de Nochixtlán -encabezada por la titular de la PGR, Arely Gómez– la senadora del Partido Acción Nacional (PAN) Mariana Gómez del Campo y el subprocurador informaron de lo acontecido en el encuentro.
De acuerdo con la panista, la procuradora les dijo que los avances hasta hoy consisten en la integración de expedientes por robo de uniformes, armas y equipo antimotines, ataques a las vías generales de comunicación y daños a instalaciones y vehículos, entre otros.
Higuera, nombrado enlace de la PGR con la Comisión de Seguimiento al caso Nochixtlán, expresó que tienen referencia de que civiles dispararon, pero no hay decomisadas armas.
Añadió que la PGR velará por el trabajo pericial para determinar si desde las 89 armas de los policías que intervinieron, salieron las balas que provocaron muertos y lesionados.
En tanto, el editorial de este viernes del diario La Jornada, titulado Nochixtlán y el círculo vicioso de la PGR, indica que el violento intento de desalojo «dejó entre nueve y 11 muertos y más de un centenar de heridos».
Destaca que los hechos ocurrieron cuando policías federales y estatales usaron armas de fuego para retirar el bloqueo carretero mantenido por pobladores de la localidad e integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, contra la reforma educativa.
El texto apunta que «lejos de un esfuerzo encaminado a consignar a los victimarios ante la justicia, se asiste a la configuración de una revancha judicial contra las víctimas».