Mediática exigencia para frenar supuesto hostigamiento contra la magistrada Petra Quezada

Mediante un punto de acuerdo presentado por el diputado Alfonso Suárez, en nombre del Grupo Parlamentario de MORENA, se exhortó a la Casa de Justicia de la Ciudad de México, que apegue su actuación a lo previsto por el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a las diversas disposiciones que protegen los derechos humanos contenidas en los Tratados Internacionales de los que México es parte.

El Grupo Parlamentario, cuyo dueño es el político tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, demandó salvaguardar los derechos laborales de la magistrada y sancionar a los responsables de un supuesto acoso de que es “objeto” y reitera estar con todos los trabajadores que se ven humillados, acosados, perseguidos por un ánimo de venganza, como es el caso de la Magistrada Petra Quezada Guzmán, y muchos más trabajadores a los que se les hace la vida imposible por no plegarse a designios y mandatos con los que no están de acuerdo, señaló el legislador.

La Decana Magistrada -recordó el diputado Suárez- promovió con otros seis magistrados un juicio de amparo contra la ampliación del presidente del TSJDF, Edgar Elías Azar; en febrero de este año.

Meses después, circunstancialmente se inició una auditoría contra la magistrada sobre el Ejercicio Fiscal-2014 y no ha concluido, a pesar de que fueron exhibidos los documentos requeridos.

En junio pasado, durante un cateo a un domicilio de la Ciudad de México se encontraron dos expedientes que estaban siendo resueltos por Petra Quezada y que se encontraban a cargo de personal bajo sus órdenes para su estudio; esto derivó en actos de hostigamiento y molestia por parte del personal adscrito a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

El punto de acuerdo, el cual no tuvo la contundencia de ser “de urgente y obvia resolución”, se envió a la Comisión de Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa, no obstante que se resalta en el estricto sentido que la magistrada Quezada Guzmán fue ratificada en el cargo por su capacidad profesional y administrativa, honestidad y honorabilidad.

En medio de este escándalo mediático, trascendió que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se presta a que en un “cónclave” del Consejo de la Judicatura, emita un punto de acuerdo respecto a este tipo de controversias que ha generado la inquietud de la magistrada Petra Quezada Guzmán, es decir, su amplia responsabilidad de las querellas que se le han imputado  en el rezago de sentencias de prácticamente dos años atrás.

Se debe recordar, que este reportero trató de entrevistarla en semanas pasadas solo que por las presiones que ha vivido la jurisconsulta, fue muy descortés al grado que materialmente lo corrió a mentadas de madre, cuyo trabajo periodístico de investigación se suscribe en este artículo.

 

 

¡A chingar a su madre, todos!, sentenció la magistrada Petra Quezada Guzmán, a grito abierto desde su escritorio, y sin mediar respeto alguno, se negó a ser entrevistada con este reportero para saber su reacción y criterios jurídicos referente a la detención del magistrado en retiro Jorge Rodríguez y Rodríguez, a quien junto con una proyectista se le vincula en una indagatoria por delitos de prevaricato y ejercicio indebido, que más bien pareciera ser “una venganza anunciada” tras la reelección del 4 de noviembre del 2015, del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

La tosquedad del acto se registró exactamente a las 13 horas del viernes 1 de julio del 2016, y fue por demás bochornoso, siniestro, saturado de abrojos y monstruoso por parte de la estudiosa magistrada, que en lugar de ser cordial y amable con un representante de los medios de comunicación, la invadió el sentimiento de la bravura y hasta el reto y celo personal.

A la magistrada Petra Quezada -dicen en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México- se le admira por su talento y su impecable pulcritud jurídica, ya que es titular de la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Pero la impotencia de tratar de ejercer su profesión con una perfecta diligencia jurídica, la llevó a mostrar “la otra cara de la moneda”, toda vez que tiene históricos y graves conflictos de intereses con la Presidencia de dicho Tribunal, a cuyo titular siempre ha buscado en ridiculizarlo por el ejercicio del poder que ejerce y desempeña.

Es de recordar que en la víspera, la magistrada Quezada y un grupo de funcionarios judiciales cercanos a ella, había solicitado el amparo de la justicia federal, tras considerar que el usufructo presuntamente no cumplió con los requisitos de elegibilidad, y que su reelección había violado cinco artículos de la Constitución, entre ellos el 116, que garantiza la independencia y autonomía de los tribunales estatales y del entonces Distrito Federal.

 

 

El Magistrado en retiro Jorge Rodríguez y Rodríguez, quien fuera presidente del Tribunal Superior de Justicia capitalino (1995-1999), fue detenido la tarde del jueves 31 de junio de 2016, por elementos de la Policía de Investigación local; se le vincula en una indagatoria por los delitos de prevaricato y ejercicio indebido.

Por estas mismas acusaciones también fue asegurada Marisol Rodríguez Nieto, quien actualmente ostenta el cargo de secretaría proyectista de la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Esta mujer, cabe apuntar, labora directamente con la Magistrada Petra Quezada Guzmán, quien en el año 2015, presentó diversos juicios de amparo para evitar la toma de posesión del actual presidente del máximo tribunal capitalino.

De acuerdo con el expediente FSP/T2/120/16, radicado en la Fiscalía para Delitos Cometidos por Servidores Públicos, la detención se derivó de una revisión de dos despachos particulares ubicados en la colonia Escandón, delegación Miguel Hidalgo, donde se encontraron expedientes judiciales al parecer en vigencia y litigación.

En la Procuraduría capitalina se recibió, hace unas semanas, una denuncia ciudadana en la que advertía sobre posibles actos de parcialidad en resoluciones judiciales en las que se involucraba a supuestos servidores públicos del TSJ.

Agentes de la Procuraduría capitalina iniciaron la indagatoria y fue hasta la tarde del jueves 30 de junio de 2016, cuando se encontraron elementos de prueba, sobre dichas actividades ilícitas, al interior del inmueble marcado con el número 301 de la calle Progreso.

Según el reporte difundido a través de Tv Azteca Noticias, se cumplimentó una orden de cateo en el sitio donde se encontraron los despachos jurídicos con razón social Rodríguez y Rodríguez Asociados, así como Reyes y Nava Asociados.

En la inspección de la propiedad particular se encontraron diversos expedientes, sin especificar la cantidad, en los que se destacaban sellos con la leyenda de la Séptima Sala Civil del TSJCDMX y algunos otros; las dos personas detenidas aparentemente se encontraban bajo resguardo de la documentación oficial.

En el momento de la revisión y aseguramiento de los documentos, se encontraba el magistrado en retiro y a Marisol Rodríguez Nieto, proyectista de la Séptima Sala del TSJCDMX cuya titular es la magistrada Petra Quezada Guzmán, señalando el reporte que se integró en la indagatoria FSP/T2/120/16.

Ambos personajes fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público especializado a fin que se determine su situación jurídica. Se especuló que el Doctor en Derecho Jorge Rodríguez y Rodríguez, debido a su avanzada edad, fue arraigado en su domicilio.

 

 

El 30 de junio de 2016, a las 22:38 horas, en un twitter aparecido en el portal del periódico El Universal, el ex juez Justino Ángel Montes de Oca Contreras, asilado político en Estados Unidos, aportó diversas consideraciones sobre este gravoso asunto.

Esta nota, se podría titular «crónica de una venganza anunciada», por las siguientes razones:

1. En el tiempo que fungió el Magistrado Jorge Rodríguez y Rodríguez, como Presidente del Tribunal, el hoy inamovible Presidente Édgar Elías Azar, no fue ratificado, las causas no fueron reveladas, se especuló mucho que por actos deshonestos, pero no se ejerció acción de ningún tipo, el hecho es que no tuvo los méritos para que fuese ratificado y con ello se evitó su innamovilidad, aunque a la postre, y estando como Jefe de Gobierno López Obrador (Andrés Manuel 2000-2005), regresaría por sus fueros, preparando su desquite;

2. La otra implicada, de nombre Marisol Rodríguez Nieto, la cual es proyectista de la Ponencia de la Magistrada Petra Quezada, si se recuerda, dicha ejemplar impartidora de justicia, fue la que junto con otras dos Magistradas, impugnó la espuria reelección del Doctor Édgar Elías Azar, la cual a fin de cuentas, no se logró revertir por la complicidad de la Suprema Corte de Justicia, que en este caso, falló de acuerdo a los intereses políticos y económicos que giraron alrededor de dicha atrocidad;

3. De acuerdo a la nota, se ha dicho que existían expedientes, y que en ellos, no aparecía que se hubiese dictado el fallo correspondiente. En lo personal, considero que se debe de conocer la versión de los supuestos implicados, ya que es lo más común en el Tribunal, que una proyectista se lleve expedientes para poderlos resolver y revisar en su casa, y si vemos el apellido de dicha proyectista y el del Magistrado lo que hace presumir que quizás son parientes, además de la trayectoria del respetado ex Presidente, no le veo ningún problema que dicha proyectista le haya ido a pedir alguna opinión sobre algún expediente complejo, lo cual no está prohibido ni constituye ningún delito;

4. En lo personal, considero que dicho reportaje, fue una nueva consigna del Porfirio Díaz contemporáneo, que se ha enquistado en el Tribunal de la Ciudad de México, una venganza fraguada en contra de quien evitó en aquel tiempo, que hubiese ascendido al poder desde aquella época, y por otra, contra personal de la valiente Magistrada que osó cuestionar la violación manifiesta a la propia Ley de dicho Tribunal, al reelegirse por segunda vez consecutiva, con el aval inaudito de una Corte plegada a los designios de los que tienen en sus manos su correa; y

5. El final previsible de estos hechos, es una Procuraduría que no investigará, sino que consignará, un Juez plegado a la voluntad del cacique del Tribunal, que dictará la orden de aprehensión correspondiente, la cual, por las características del caso, puede ser catalogada como delito grave; entonces, se tendría que ir a instancias Federales y esperar unos 8 a 12 meses, en la cárcel, para que eventualmente se determine que no había delito, y que todo se debió a un lamentable error, sin que se vaya a sancionar al Ministerio Público que integró la Averiguación, aunque revoquen el auto de formal prisión, el Juez no será sancionado, y todo quedará en un “usted disculpe”, que porqué lo asevero, simplemente este es el modus operandi del actuar Presidente, el cual a sus enemigos acosa, denigra, encarcela, hayan o no hayan cometido algún delito, y siempre apoyado por una prensa que simplemente lo apoya incondicionalmente, como sucede en este medio noticioso.

 

 

Ávido de hallar una respuesta por parte de la Magistrada Petra Quezada, este reportero fue víctima de la descortesía de la togada, que al saber de su presencia a través de una tarjeta de presentación, su secretaria mostró una cara de vergüenza al salir de la oficina de “Su Señoría”, para enseguida escucharse sonora y severa consigna: “¡A chingar a su madre, todos!”

La metódica togada, en anteriores ocasiones, ya había mostrado otros menosprecios en la época posterior a la elección del 4 de noviembre de 2015 del TSJCDMX, creyendo que todos los reporteros que cubren la fuente del sector judicial, podrían están en su contra, ironía plenamente equivocada.

Se reconoce la decisión de la Magistrada Petra Quezada, quien si bien ha emitido fuertes críticas contra la gestión de la Presidencia del Tribunal en turno y una de las promoventes de los recursos legales interpuestos contra la tercera gestión del actual titular, ha cimbrando y dividido al Poder Judicial de la capital de la República. Se vislumbra que conforme a su férreo carácter “Su Señoría” procedió por cuestiones personales a dañar la imagen de este Órgano Jurisdiccional. 

El 4/12/15 (día de la elección del citado Tribunal), hubo un bloque de 17 Magistrados que votaron en contra del método reeleccionista, reconociendo la “valentía” de la Magistrada y algunos de ellos hasta le enviaron arreglos florales y congratulaciones por su desprendimiento.

A más de nueve meses del acto consumado, el desconcierto sigue al rojo vivo en el TSJCDMX. Se compagina la tensión a grado que la expectación de hasta decretar: “¡A chingar a su madre, todos!”, quedará en el anecdotario de una Magistrada maldiciente y malhumorada, dominada por la soberbia y, lamentablemente, mermada del talento diplomático bioético, orillándola en el limbo del ultraje bajo el amparo omnímodo del Poder Judicial de la Ciudad de México, que le brinda inmunidad para someter impunemente a propios y extraños.

Frente a este nuevo capítulo escandaloso, la Asamblea Legislativa ya tomó cartas en el asunto, y a través de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia emitió una posición política sobre el freno al hostigamiento en contra de la Magistrada Petra Quezada, a fin de acercar a las partes en conflicto, que aun cuando se trata de dos dominios que se rigen en el respeto de la Autonomía Republicana de cada Poder, se preconizará el carácter de cada uno de ellos.

Sin embargo, la prensa mexicana reveló que la magistrada en funciones ha cometido una barbaridad jurídica al desprenderse de su toga y confesar abiertamente que es una de las asesoras jurídicas del Partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) de Andrés Manuel López Obrador, aunque se advierte que detrás de este “fuego amigo” figura tendenciosamente su presidente el ex perredista Martí Batres Guadarrama, en presunto contubernio con Andrés Manuel López Obrador, de quien se dice “no estar interesado en esta guerra sucia” en la intromisión de un órgano Autónomo como es el TSJCDMX.

De tal suerte que si López Obrador está más preocupado por atender los asuntos de su próxima campaña presidencial, los días como magistrada en el TSJCDMX de Petra Quezada están más que contados.

Por la sencilla razón –afirman- que se ha introvertido como “juez y parte” para desempeñarse como jurista vinculada en las tareas partidistas de Morena, cuando debería desempeñarse ajena a toda sujeción en razón de la División de Poderes con un Órgano de Jurisprudencia Autónomo que es el de la Impartición de Justicia, paralelamente a un Partido Político, acciones que son meramente incompatibles.

A simple vista de las circunstancias, se advierte que viene traicionando asimismo los preceptos de la Ley Orgánica de la institución que son la administración y disciplina de impartición de justicia de la Ciudad de México, donde no debe de haber la intrusión de ningún otro órgano análogo del enorme aparato del poder gubernamental.

 

 

Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y Senadores son inatacables.

Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.

Si la resolución de la Cámara fuese negativa se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación.

Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley.

Por lo que toca al Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable.

Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda.

Las declaraciones y resoluciones de la (las, sic DOF 28-12-1982) Cámaras de Diputados (y, sic DOF 28-12-1982) Senadores son inatacables.

El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina en sentencia absolutoria el inculpado podrá reasumir su función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto.

En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor público no se requerirá declaración de procedencia.

Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal, y tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados por su conducta ilícita.

Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños o perjuicios causados.