Es una burla del sistema gubernamental que castigue a millones de desprotegidos
Por Blas A. Buendía
Con sueldos de dos mil 191 pesos mensuales, millones de trabajadores no llegan a la quincena porque no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas como salud, comida, educación, recreación, entre otras, porque los precios de la canasta básica aumentaron hasta 7.3 por ciento.
Es urgente que el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México cumpla con su promesa de aumentar los salarios, al menos, de 73.04 a 86.33 pesos, para alcanzar un ingreso de dos mil 589.90 pesos, que en realidad, debería elevarse hasta 172. 66 pesos, justamente en este periodo que la inflación llegó al 3 por ciento, que por la fluctuación del dólar, incremento a las gasolinas y tarifas de luz, podría ser superior a esta cifra.
Pero ¡aguas!, no se ha ejecutado este tipo de promociones porque se teme que en cascada miles o tal vez millones más, se vengan disparados de provincia para abarrotar a la de por sí castigadísima Ciudad de México, donde impera la inseguridad, los cuadros de limosneros van en aumento, los vagones del Metro se han convertido en un auténtico mercado sobre ruedas. En fin…
Los aumentos a los básicos, afectaron profundamente la economía de las familias, por tanto, las reformas gubernamentales nunca debieron aprobarse porque ahora se ven los daños que provocan a millones de mexicanos.
Todos los sectores de la sociedad piden a gritos que el Jefe de Gobierno rectifique su declaración en torno a que el aumento al salario mínimo pueda hacerse de manera progresiva, pero tiene que estar vinculado con una mayor productividad, como lo mencionó en el reciente pasado al comprometerse a mejorar el ingreso de los asalariados.
Esa condicionante podría ser un factor para que los empresarios no otorguen un aumento salarial porque, efectivamente, no habrá el rendimiento, ni las ganancias esperadas, no sería falta de responsabilidad de éstos, sino por cuestiones externas, por el mal manejo de las finanzas y economía nacional.
Aunado a esa alarmante realidad, los empresarios también viven una crisis de carecer de empleados explotados porque éstos prefieren la vagancia o convertirse en potenciales vendedores ambulantes, y no ser víctimas del pomposo programa neoliberal del OutSorcing.
Y dentro de todo ese caos económico y financiero, la posibilidad de que sea difícil medir la productividad de una empresa, toda vez que la mayor parte de sus ingresos se invierte en insumos energéticos; y aunque eleven los precios de sus productos para recuperar su inversión, las ventas bajan porque no hay circulante que active la economía.
Los aumentos deben ser otorgados de manera automática porque no es responsabilidad de los trabajadores que la productividad y la rentabilidad de una empresa sea positiva o no, cuando se trata de incorrectas gestiones gubernamentales en materia económica. El OutSorcing forma parte de esa complicidad de culpas. Nadie quiere trabajar por un mísero salario mínimo.
Las utilidades, en este caso inflacionario, responden más a condiciones fuera del alcance de los asalariados pese a que realizan su mejor esfuerzo y cumplen con sus jornadas y responsabilidades. Pero renace el fantasma explotador del OutSorcing.
Por otro lado, la sociedad da cuenta y lanza un “¡yo acuso!”, referente a la necesaria reducción de sueldos de los funcionarios públicos de alto nivel, diputados federales y locales, senadores, magistrados de los Tribunales, embajadores, cónsules y demás trabajadores de cuello blanco, así como la reducción de gastos excesivos de imagen personal.
Ya entrado en gastos… -como diría la vox populi-, deben ser castigados severamente a todos aquellos funcionarios de alto rango que roben recursos de las arcas públicas como los casos vergonzosos del gobernador con licencia y fuero Javier Duarte de Ochoa y de los ex gobernadores, Guillermo Padrés y Humberto Moreira Valdez, ahora perseguidos por la justicia y que supuestamente son ilocalizables porque están protegidos con el paraguas de la impunidad.
En el Poder Legislativo ya se escucha que en breve será presentada una iniciativa de Ley para que los funcionarios y gobernantes ladrones paguen por daños a la nación, les sean decomisadas todas sus propiedades adquiridas de manera ilícita y se destinen para utilidad pública, además de pagar con cárcel por los delitos cometidos. De lograrse ese sueño tan esperado por “Juan pueblo”, el Partido Revolucionario Institucional podría, en cierto momento, mantenerse en la Presidencia de la República. Caso contrario, tendrá que despedirse otros seis años más de Los Pinos y de Palacio Nacional, es decir, en el periodo sexenal 2018-2024.
En cuanto a los recortes presupuestales, no es la mejor forma de generar ahorro gubernamental porque lo único que genera es más inflación que podría agravarse hasta crear una recesión económica por la falta de circulante que en realidad, los millones de mexicanos no entienden cómo sobreviven con salarios de hambre.
Aunado a lo anterior, se asoma otro monstruo que es el incremento fluctuante de la divisa verde, es decir, existe el riesgo de que tanto el desempleo como los precios de la canasta básica aumenten aún más el próximo año, sobre todo porque muchos insumos y productos provienen del extranjero. Presumen economistas que el dólar llegará a costar hasta 30 pesos al final del sexenio fallido de Enrique Peña Nieto.
El gobierno federal y los locales de todo el Pacto Federal, saben sobre los requerimientos como es el desarrollo de más empleos y mejor pagados; un sistema alimentario nutritivo y accesible; un sistema educativo incluyente, gratuito, laico; acceso a la salud preventiva, de segundo nivel, correctiva y cuando la urgencia lo amerita, un trato más digno cuando el esfuerzo médico y humano ya no alcanza para mantener la vida.
Es increíble que con salarios de hambre, no se haya desatado una revuelta social, o que se cristalice aquel presagio del desaparecido vetusto líder vitalicio cetemista Fidel Velázquez Sánchez, ¡cuidado!, “un pueblo con el estómago vacío, puede crear consecuencias graves”.
“Nadie puede ser sensato con el estómago vacío”, advertía George Eliot, seudónimo que empleó la escritora británica Mary Anne Evans (Nuneaton, Warwickshire, 22 de noviembre de 1819-Chelsea, Londres, 22 de diciembre de 1880).