Por Blas A. Buendía
Con el objetivo de contar con un Código Penal para la Ciudad de México que no viole los derechos humanos ni criminalice la protesta social, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Mauricio Toledo propuso derogar los artículos 287 (ultrajes a la autoridad) y 362 (ataques a la paz pública).
«Estos delitos han sido utilizados de manera improcedente por parte de las autoridades de seguridad pública, procuración e impartición de justicia de la CDMX como una herramienta para criminalizar la protesta social», refirió Toledo.
El legislador recordó que en febrero y marzo de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que este tipo de delitos se caracterizan por tener una redacción ambigua y amplia, utilizando términos que engloban multiplicidad de acciones e interpretaciones, como lo es «ultrajes a la autoridad» y «paz pública».
«Ante esta situación, se abre un campo de posibilidades para que sean aplicados de manera arbitraria por parte de las autoridades para combatir la disidencia y castigar a quienes protestan libremente», señaló el diputado.
En una situación similar, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se ha pronunciado al respecto, considerando que dichos artículos son violatorios a los derechos humanos por el uso abusivo y represor de este tipo de delitos.
Mauricio Toledo aseguró que para el PRD el tema de fondo es derogar o suprimir las causas penales que han motivado a la detención ilegal de algunas personas.
«En este escenario, esta Asamblea Legislativa tiene la oportunidad histórica de declarar la inconstitucionalidad de estos delitos y así establecer un importante precedente en esta materia y que servirán también para futuros casos. En la Ciudad de México no debe caber espacio para sancionar la protesta social pacífica y el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión, pero aquellos que cometan un delito tendrán que ser castigados con todo el peso de la ley», sentenció el legislador.
Finalmente, Toledo refirió que la reforma de los citados artículos se hizo durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, donde se reprendía la libre manifestación, por lo que se hicieron modificaciones al Código Penal. Incluso, se debe recordar la amarga experiencia de los líderes de la ex Ruta 100, quienes sufrieron las actitudes dictatoriales lopezobradoristas al ser encarcelados indebida e inconstitucionalmente solo por exigir respeto a sus derechos laborales que les fueron cercenados.
La sociedad en su conjunto alertó que en las próximas elecciones federales presidenciales se abstenga el electorado en sufragar por un sujeto que está tocado de su facultades mentales, es decir, si López Obrador manipuló a la entonces mayoría de la Asamblea Legislativa para modificar esos articulados, ¿qué se esperaría si llegara a ganar los comicios del 2018?
Fue una autoridad represora; muchos supuestos demócratas de hoy fueron feroces represores en la época dictatorial, y a través de la historia universal, ha quedado la muestra fehaciente que el poder transforma cuan monstruos en contra de los pueblos indefensos, acusa la vox populi.
“La decadencia y perfil sicológico de un tirano incendiario”, es el epílogo de un “luchador social” que por décadas ha traído en “jaque-mate” a los gobiernos federales de los cuales ha logrado sustraerle multimillonarias ganancias en dólares, es parte del larguísimo historial negro de López Obrador.