El SUTAUR-100 exhortó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que conforme a sus atribuciones, ejerza las visitas necesarias para que el juzgador que lleva su caso, evite que actúe con opacidad y beligerancia, a fin que pueda hacer justicia a más de doce mil compañeros que se vieron agraviados para rescatar el patrimonio sindical que indebidamente han usufructuado a lo largo de 20 años, una presunta banda de criminales de cuello blanco encabezada por Ricardo Barco López y Gabino Camacho Barrera.
El líder moral de la ex Ruta 100, Jorge Cuellar Valdez, explicó en entrevista realizada en la Plaza de la Constitución, que además del citado Tribunal, corren los términos jurídicos que habrán de ejecutar a través de las investigaciones pertinentes para llamar a comparecer ante el Ministerio Público a esos dos bribones que se han hecho multimillonarios por la explotación del transporte de pasajeros de la ciudad, bajo el paraguas de impunidad que las autoridades les ha tendido.
En las acciones jurídicas, dijo el líder camionero, “hemos cumplido con los protocolos” que las mismas autoridades les han exigido, y esperan que a través de las resoluciones judiciales es como el Gobierno de la Ciudad de México comenzará en reconocer los adeudos económicos y financieros que tiene con la ex Ruta 100, que ascienden a más de 600 millones de pesos.
En este sentido, destacó que tiene una amplia coparticipación la Asamblea Legislativa, ya que es éste ente el que necesariamente debe concretar mediante un Punto de Acuerdo, se destine una partida especial económica presupuestal para que el gobernador Mancera liquide a los ex trabajadores de la ex Ruta 100, conforme a derecho.
“Aún es tiempo que la Asamblea Legislativa a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, apruebe el paquete económico para el ejercicio fiscal del 2017, y dentro de su clausulado se contemple la fórmula inmediata que se liquide a todos esos trabajadores que fueron birlados hace dos décadas por los citados presuntos culpables del Caso ex Ruta 100”, precisó.
Cuellar Valdez dijo, sin embargo, tener la plena confianza que el gobierno del doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, les dé la razón y la balanza de la justicia se incline a su favor para rescatar todos los adeudos que están en litigio desde hace más de dos décadas.
Destacó que en materia de impartición de justicia, el sistema tiene sus plazos y términos; “nosotros confiamos en que en breve tengamos buenas noticias de las ejecuciones que habrán de surgir del Tribunal Superior de Justicia, en cumplimiento a las ordenanzas que pueda emitir la Procuraduría General de Justicia, que es la institución que previene el delito”.
Si bien admitió que este tipo de procesos se alargan por las investigaciones que se vienen realizando y las pruebas que se nos solicitaron por los jueces y que venimos reuniendo y entregando a los juzgados, afirmó que aún es tiempo para que la Asamblea de Donceles emita las reformas presupuestales y agregados financieros.
Cuellar Valdez calificó de inverosímil que la Procuraduría de Justicia que encabeza Rodolfo Ríos, no acelere las investigaciones que se promovieron desde hace mucho tiempo, y el ejercicio de la ley no se ejecute en contra de quienes cometieron un fraude procesal doloso tanto en lo penal como en lo mercantil, en la entonces Ruta 100.
La figura del ex ministerio Público Guadalupe Carmona, pareciera que está en contubernio con los acusados, incluso de forma prepotente y arrogante, los testaferros también promovieron demandas penales en contra de la dirigencia de la ex Ruta 100, particularmente acusando de forma ilegal al propio Jorge Cuellar Valdez, de quien dicen se ha enriquecido ilícitamente lo cual desmintió de forma inmediata y categórica.
“Que demuestren si algún compañero me entregó a mí personalmente algún dinero para echar a andar las empresas o si yo tengo camiones, rutas, módulos o empresas de las cuales esté yo defraudando el dinero de los trabajadores” eso lo está haciendo Gabino Camacho y Ricardo Barco quienes tienen las Empresas y el Patrimonio Sindical en su poder; no yo”, reclamó.
Dijo que la falta de oficio en las investigaciones ministeriales, han permitido que los bandoleros Ricardo Barco y Gabino Camacho y toda su cofradía de hampones que los rodea, han sido absueltos de todos los cargos judiciales que obran en su contra, “sin tener sentencia dictaminada por un juez en materia penal y administrativa”.
Pero lo más sorprendente, explicó, es que las demandas judiciales que la parte contraria promovió para acusarlos ilegalmente, “aun cuando de antemano sabemos que somos inocentes, fuimos también exonerados ocho veces de supuestos delitos que son inexistentes, es decir, que jamás cometimos. ¡Ocho veces!, se imaginan ¿qué significado tiene una institución que se aprecia ser seria, cuando comete pifias jurídicas imperdonables? Yo si quiero que se consignen porque Gabino Camacho Barrera y Ricardo Barco sí tienen que ser procesados penalmente”, aseveró.
El líder moral confesó que a lo largo de 20 años han experimentado toda clase de presiones antijurídicas, que en su momento cuando Andrés Manuel López Obrador fue Jefe del gobierno entonces del Distrito Federal, los atacó con inaudita cizaña, nos metió a la cárcel por tres años que estuvimos firmando en el reclusorio oriente, no se nos comprobó ningún delito, y en esas ocho ocasiones hemos recibido igual número su boleta del No Ejercicio de la Acción Penal. “Esta torcedura de la ley y el desarrollo de opacidad de la justicia en México, no dejará de ser un caso para Ripley”, afirmó con asombro.
La guerra intestina al interior del conflicto camionero no ha concluido, al grado que una vez que se declaró en quiebra total a la Ruta 100 hace más de 20 años y que lógicamente afectó a más de 12 mil familias, más del 70 por ciento han claudicado y otros compañeros murieron sin ver el ejercicio de la justicia.
Hizo un llamado de advertencia que este conflicto laboral que ha perdurado más de 20 años, no todos sus agremiados acuden semana tras semana a los mítines que se desarrollan al pie del Zócalo de la Ciudad de México, y mucho menos aportan sus cuotas de 10.00 pesos lo que origina que sus derechos se constriñen. “Pero cuando conocen que habrá otra entrega de cheques como paliativos de su liquidación, todos están formados y exigiendo su pago”, comentó.
Muchos de ellos hasta gritonean, pero se les omite de los beneficios porque sus aportaciones no están actualizadas. “Entonces, ¿cómo vamos a ceder a la entrega de prebendas cuando nada más están a la caza de los beneficios? En la ex Ruta 100 no todos son parejos porque se tienen identificado desde hace mucho tiempo, a un grupo minoritario, que el sello de la traición lo lleva en la frente”.
En cualquier Juicio existen Gastos y/o costas que es la promoción documentos certificados ante Notario, despachos jurídicos, despachos contables, papelería, gasolinas, fotocopias, tintas, reparación de vehículos, apoyos para pasajes a los compañeros que andan entregando promociones y para que se echen un taco en el transcurso del día, gasto de tiempo aire de teléfonos celulares, reparación de equipos electrónicos computadoras Impresoras, y muchos otros gastos
“Así que el compañero que esté al corriente de sus pagos con el SUTAUR y haya cumplido con los requisitos jurídicos de entregar sus documentos y firmas en la abundante querella de 830 demandas, tendrá los derechos necesarios, de lo contrario, se les ignorará. Todo lo quieren peladito y a la boca…; así no funcionan legalmente las cosas, nadie de los demás compañeros va a querer cubrir sus gastos, ni firmar por ellos. Cada quien tiene una responsabilidad histórica, y hasta ahí las acciones jurídicas”, concluyó.
Ex Ruta 100 exhorta al TSJCDMX ejerza la acción de la justicia para rescatar su patrimonio económico, financiero y sindical tras 20 años de intensa lucha
