Los grupos parlamentarios de la Asamblea Constituyente avanzaron este lunes en la discusión de 6 artículos en materia de Procuración de Justicia y Seguridad Ciudadana, que podrían implicar la conversión de la actual Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México en una Fiscalía de carácter autónomo.
Su titular sería nombrado por mayoría calificada del Congreso Local, a propuesta de un nuevo órgano que se denominaría Consejo Judicial Ciudadano, cuya estructura, funciones y requisitos se establecería en una ley reglamentaria, trascendió entre otros temas abordados hoy en Comisiones.
La Comisión de Justicia avanzó en la revisión de los artículos 43,44,45,46,54 y 55 del proyecto de Constitución remitido por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y en primer lugar los grupos acordaron modificar la figura de “Seguridad Ciudadana” y dejarla como “Seguridad Pública”, como en la Constitución Federal.
Al explicar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), la diputada constituyente Kenia López Rabadán señaló que la seguridad es un tema de instituciones civiles encargadas de proteger a la población y por ello debe establecerse que la Seguridad Pública no es una función, sino una institución.
No se trata de seguridad de ciudadanos para los ciudadanos, sino de instituciones civiles para toda la población. Esto implica que se establecerá un Servicio Civil de Carrera para todos aquellos servidores que se encargarán de la Seguridad Pública, precisó.
Una de las prioridades es que haya transparencia en los procedimientos y actuaciones de esta institución y que se garantice el ejercicio de los derechos humanos.
Con respecto al tema de la Procuración de Justicia, hubo un acuerdo parcial de que el Fiscal General de la Ciudad no forme parte del Ejecutivo local en términos de subordinación. Será una figura con autonomía e independencia para tomar decisiones.
Para que estas decisiones no sean politizadas, ni por encargo, se propone que un Consejo Judicial Ciudadano sea quien proponga al titular, que sería aprobado por las dos terceras partes, es decir por mayoría calificada del Congreso de la Ciudad de México.