Las muchas promesas disminuyen la confianza
Horacio
Los recortes presupuestales federales en materia de agua potable y drenaje son tan severos para 2017, que para el caso de Quintana Roo lo único que evitará el colapso de la obra pública será precisamente lo que consideraban el principal problema local: la concesión de Aguakán en los municipios más poblados de la entidad, pues la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) está prácticamente en quiebra, y la nula capacidad de gestión de sus actuales directivos es evidente.
Expertos en el tema han lanzado una alerta nacional porque los recortes para mantenimiento y ampliación de cobertura de redes, así como para determinar y mantener la calidad del agua alcanzan el 72 por ciento, con respecto a los recursos que las entidades recibieron en 2016, y aunque Quintana Roo presume tener una cobertura casi del cien por ciento, también ha sido señalado por la mala calidad de agua que suministra, misma que no cumple la normatividad nacional para consumo humano.
Oaxaca, Tabasco y Sonora son las entidades con mayor afectación, con recortes promedio del 80 por ciento, pero en ninguna entidad es menor al 70 por ciento; pero además contempla recortes en subsidios hasta del 40 por ciento en rubros fundamentales como el uso de agua para actividades agrícolas, lo que en voz de expertos del tema, sería con el único objetivo de inducir a la privatización de los sistemas de agua potable de todo el país. Vaya contradicción, cuando el gobierno quintanarroense de Carlos Joaquín González, prometió retirar la concesión a Aguakan, empresa que opera hasta ahora en 4 de los 11 municipios estatales.
Derivado de la pésima administración, la CAPA en Quintana Roo, según su actual director, Gerardo Mora Vallejo, tiene adeudos por mil 080 millones de pesos: 500 millones de pesos con el banco Interacciones, 200 millones de pesos con proveedores, 200 millones de pesos con constructoras, además de 180 millones de pesos a la Conagua; pero además aseveró que tan sólo en el municipio Othón P. Blanco se tienen identificadas más de 900 fugas del vital líquido. Esa situación, evidentemente seguirá así, ante la carencia de recursos para 2017.
El primer paso para la privatización lo daría el mismo gobierno federal, pues para la realización de obras grandes utilizaría la figura de asociación público-privada, en la que empresas realicen las obras y operen los sistemas de agua potable, y a finales de 2017, cuando la carencia de recursos se haga evidente, orillaría a las entidades a concesionar el servicio de agua potable o a ampliarlo en las regiones donde ya operan empresas privadas, como es el caso de Quintana Roo.
La esperanza para las entidades federativas está en que el presupuesto propuesto sea modificado, cuestión que se antoja difícil en un entorno en el que la carencia de recursos será evidente, además de que, desde 2014, permanece estancada la nueva ley federal de aguas, pero con el presupuesto 2017 se orillaría a los estados a privatizar los sistemas de agua potable, no sólo para ampliar la cobertura, sino para mantenimiento de las redes e incluso para cumplir las normas federales sobre la calidad del líquido.
Así, la disyuntiva local está en que los diputados de la XV Legislatura quintanarroense han reconocido que el agua en Quintana Roo no es apta para consumo humano y además han asegurado que la ampliación de la concesión a Aguakán en municipios como Solidaridad fue irregular y pretenden revocarla; pero ante la carencia de recursos pareciera que lo único que mantendría el suministro como hasta ahora sería precisamente dejar intocada la señalada concesión, incumpliendo con ello un compromiso más del gobierno del cambio de Carlos Joaquín González.
Luego entonces ¿se repararán los miles de fugas en toda la entidad, que hace que se pierda por lo menos el 50 por ciento del agua potable en todo el estado; se dotará de agua a comunidades como San Antonio Soda, que el año pasado realizó acciones legales y lograron una ordenanza de un juez para que la paraestatal realice las obras necesarias; aún más, se atreverán los municipios que tienen concesionada el agua potable a Aguakán y reciben recursos de esa empresa, a revocar la concesión que prometieron al electorado? Con este panorama, la respuesta a todo lo anterior es no.
Así, el gobierno del cambio encontrará en el recorte de recursos el pretexto ideal para incumplir con la revocación de la concesión a Aguakán y esta literalmente salvará a la CAPA de la quiebra, vaya ironía; sin embargo, faltará la atención del sur quintanarroense, quedará abandonado ante la crisis, pues la falta de capacidad de los actuales directivos es evidente y las carencias también; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra.